- Estudio Anual del Consejo para la Transparencia (CPLT) mostró que los niveles de desconfianza ciudadana hacia las entidades del Estado se mantienen, lo que permite apuntar que los efectos de la llamada “crisis de confianza” se mantienen tras difundirse nuevos casos de corrupción de alta connotación pública.
- Un 85% de los consultados considera “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”.
Un nivel de desconfianza alto hacia las entidades del Estado y que se mantiene inalterable, evidenció el X Estudio Nacional de Transparencia 2018, realizado anualmente por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y que persigue analizar diversas materias ligadas a probidad.
Esto se concluye de la pregunta ¿cuán corruptos cree usted que son los organismos públicos en Chile? un 79% de los consultados respondió que son “corruptos” o “muy corruptos”, es decir, 8 de cada 10 personas consultadas advierte algún nivel de corrupción en estas instituciones.
Pese a que el sondeo no identificó un incremento significativo desde un punto de vista estadístico –dado que superó sólo por un punto porcentual el registro de 2017-, las cifras reflejaron que la percepción ciudadana sobre diversas materias ligadas a la probidad se mantiene y es negativa. “Lo que llamamos crisis de confianza y que emergió hace algunos años tras hechos de corrupción sigue instalada en el país”, plantea el presidente del Consejo, Marcelo Drago.
El titular de Transparencia detalló que “los hechos vinculados a eventuales usos irregulares de recursos públicos que se difundido recientemente vinculados a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, podrían influir en esta percepción, dado que la ciudadanía advierte que no son situaciones aisladas sino que forman parte de prácticas más sistémicas, que parecen haber sido parte de la cultura institucional en el contexto del alto mando”.
Una noticia positiva en este marco es que a 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, la mayoría de los chilenos y chilenas percibe que hoy a nivel nacional “los casos de corrupción son más fáciles de detectar” que hace una década atrás.
Una percepción que se incrementa en relación a mediciones anteriores, lo que al no estar acompañado con una apreciación de menor corrupción de los organismos públicos, respondería fundamentalmente a la idea de un sistema con más transparencia y opciones de acceso a la información, lo que posibilitaría el conocimiento de situaciones reñidas con la probidad.
“Creemos que esto deriva de un trabajo que desarrollamos como Consejo, y en eso tenemos que agradecer a nuestros funcionarios y nuestros consejeros. Pero además, la gente está entendiendo que la ley le da mecanismos para pedir antecedentes a las entidades del Estado y eso se está reflejando en un aumento histórico de nuestras solicitudes de acceso a información”, explicó el presidente del CPLT.
Otra cifra que se relevó del estudio apunta a que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en caso de presenciar o experimentar un caso de corrupción lo denunciaría (62%). En paralelo se registra una disposición personal a no denunciar de un 25% en caso de ser en el sector público y un 28% en el sector privado, donde hay menos disposición a denunciar.
Las principales razones para no informar sobre este tipo de situaciones en el sector público son la expectativa de que no serviría de nada denunciar ya que no se lograrían resultados positivos (26%) y en segundo lugar, el temor a sufrir consecuencias negativas o represalias como perder el empleo (15%). En tanto en el caso de los privados, se alude a causales similares, pero aparece la indiferencia sobre asuntos entre privados (17%) entre las principales.
“El organismo ante el cual se debe efectuar este tipo de denuncias, es la Contraloría General de la República. Esto no quiere decir que ante eventuales delitos, se pueda efectuar la denuncia ante el Ministerio Público o las policías. Sin embargo, es muy importante destacar la iniciativa de nuestro Consejo, que busca a promover los canales de denuncia anónima de hechos de corrupción, como una manera de resguardar la identidad de quienes realicen este tipo de denuncias”, destacó el titular de Transparencia con respecto a este punto.
Funcionarios públicos
El CPLT realiza en paralelo la Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos 2018, cuyo universo está conformado por cerca de 295 mil personas -entre organismos centrales y municipios-, para conocer su percepción sobre estas temáticas.
De acuerdo a la encuesta aplicada entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre de 2018, los trabajadores del sector público mejoran su percepción de las relaciones que las personas establecen con las instituciones públicas y se muestran menos críticos respecto de mediciones anteriores. No obstante, en todas ellas la percepción mayoritaria es negativa: un 66% califica la relación del Estado con los ciudadanos como “distante”, un 62% dice que es de “no cooperación”, un 51% de “mal trato” y un 50 % de “discriminación”.
En materia de acceso a la información, los funcionarios muestran un alto nivel de acuerdo sobre el derecho de las personas a acceder a información pública de cualquier entidad pública (90% de acuerdo). Esta tendencia se mantiene con respecto a la siguiente afirmación “cuando una persona solicite información pública a un organismo del Estado, éste esté obligado a responder”, en que el 91% afirma tener una alta valoración. Se evidenció además que el funcionario tiene una alta valoración respecto del derecho a reclamar de parte de las personas ante la no entrega de información solicitada a un organismo público (94% de acuerdo). (Comunicado de Prensa del Consejo para la Transparencia)
Acerca del Consejo para la Transparencia: Es una corporación que posee autonomía, persona jurídica y patrimonio propio. Fue creada mediante la Ley Nº 20.285, llamada de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de Administración del Estado, que versa sobre el acceso a la información pública y fue promulgada el 11 de agosto de 2008. Fue publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto del mismo año y entró en vigencia ocho meses después de su publicación, es decir, el 20 de abril de 2009. El domicilio del Consejo se encuentra en Santiago, sin perjuicio de los domicilios que puede establecer en otros puntos del país. La dirección y administración superiores del Consejo corresponden a un Consejo Directivo.c
La dirección y administración superiores del Consejo corresponden a un Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El Presidente ha de efectuar la proposición en un solo acto y el Senado debe pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. Los consejeros duran seis años en sus cargos pudiendo ser designados sólo para un nuevo período. Se renuevan por parcialidades de tres años.
Los consejeros son removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser designados consejeros los diputados y los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los Ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
