Señor Director: El 2015, líderes de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron una serie de metas con miras a una convivencia de mejor calidad entre las personas y nuestro planeta; se buscaba un progreso que no dejara a nadie atrás. Para ello, se sistematizaron 17 Objetivos (de Desarrollo Sostenible: ODS), constituyéndose así una agenda para el año 2030. Ello, ha implicado el compromiso de cada Estado Parte en la planificación e implementación de medidas que permitan cumplir con esta ambiciosa -pero muy necesaria- agenda 2030.
De ello, ha transcurrido ya casi la mitad del plazo proyectado y todos los países -el nuestro incluido- han venido trabajando para alcanzar las metas propuestas. Entre los 17 objetivos, hay algunos que buscan responder de manera bastante explícita, a las necesidades que presentan colectivos que, hasta ahora, de alguna manera habían ido “quedando atrás”. Así, tenemos el Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que busca precisamente la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible como base de un progreso “para todos”, mejorando de esta manera el estándar de vida de (todas) las personas. Este ODS obliga a las naciones a avanzar en materia de inclusión laboral, cuestión que hasta hace unos años era una necesidad de algunos grupos en riesgo de exclusión -las personas con discapacidad (PcD) entre ellos – que quedaba invisibilizada.
Chile, asumiendo esta agenda, ha impulsado normativas que nos han permitido avanzar en la materia, contando desde el 2018 con una ley “de cuotas” (21.015), reservando el 1% de la dotación de una empresa, para PcD. Ahora, lo que se debe resguardar, es que se cumpla el espíritu del ODS 8 y que la actividad laboral al que estos colectivos -en riesgo de exclusión- están accediendo, sea realmente un trabajo decente.
Alejandra Ríos Urzúa
Directora Diploma en Habilidades Laborales U. Andrés Bello
