Luego de dos meses de labores investigativas, la Contraloría General de la República dio a conocer este jueves su informe final sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, hecho que dio inicio al denominado Caso Convenios.
En el documento, el ente fiscalizador constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, que contenga los mecanismos para su elección, tales como una invitación a participar a diversas entidades privadas mediante llamados públicos, indicando las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas. En ese sentido, la asignación de los recursos para la ejecución de los proyectos relacionados con los convenios suscritos entre el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de la Región de Antofagasta, con las respectivas entidades privadas sin fines de lucro, fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron, actuación que infringe el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Al respecto, Contraloría indicó que «para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de $426.000.000, ni en las resoluciones emitidas por el Seremi del Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios».
«Es así como se constató que, a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022, el Seremi Minvu de Antofagasta de la época (Carlos Contreras, quien debió renunciar al cargo), solicitó al Encargado de Planes y Programas de esa repartición, enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras», agregó el organismo. Por lo anterior, el ente sugirió tanto a la Seremi de Vivienda como al Serviu de Antofagasta «adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final». Además, anunció el inicio de un proceso sumarial en ambas entidades «a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas», y señaló que entregará todos los antecedentes recabados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). (Consignado por emol.com)
