–La diputada del Partido Demócratas, Joanna Pérez, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo evitar que las personas que se encuentren en un proceso judicial y bajo arresto domiciliario vean restringido el uso de plataformas digitales, impidiéndoles así generar ingresos a través de ellas.
Esto, luego que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se uniera a la plataforma para adultos “Onfayer” mientras cumple reclusión en su domicilio. Un caso similar, al de la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, quien fue formalizada por fraude al Fisco por irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional a la Fundación “En Ti”. Polizzi cuenta con un perfil en una plataforma para adultos llamada Arsmate.
Para el abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Gonzalo Hoyl, este proyecto puede afectar la libertad de expresión de los involucrados y el derecho a ejercer una actividad económica. “Al fijar esta prohibición de forma general, podrían afectar la libertad de expresión y el derecho a ejercer una actividad económica de los formalizados sin una justificación procesal concreta”, explicó.
Para el abogado, las comunicaciones en redes sociales deben ser analizadas en el contexto de cada caso. “Si no están interfiriendo directamente en la investigación, no existe una razón suficiente para restringirlas. Se trata de un principio básico en las medidas cautelares: la proporcionalidad y necesidad de la medida”, aseveró.
Por último, comentó que al fijar esta prohibición de forma general, “podrían afectar la libertad de expresión y el derecho a ejercer una actividad económica de los formalizados sin una justificación procesal concreta”, finalizó el académico UANDES.
