La Contraloría General de la República cursó el decreto promulgatorio de la Ley N° 21.718, que introduce una serie de modificaciones al decreto N° 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual busca agilizar los permisos de construcción a nivel nacional.
La iniciativa establece con claridad la responsabilidad de las Direcciones de Obra Municipales (DOM) en el contexto del otorgamiento de un permiso de construcción, correspondiéndole a estas únicamente la revisión de las normas urbanísticas y la completitud de los antecedentes acompañados a la solicitud de permiso; mientras que el cumplimiento de las demás normas será de responsabilidad del propietario, arquitecto y demás profesionales intervinientes.
Asimismo, el proyecto propone un recurso de reclamación en materia urbanística para impugnar resoluciones de las DOM por cualquier interesado, que contempla una primera etapa en sede administrativa, que corresponderá a las Seremi Minvu, y una segunda etapa en sede judicial.
La nueva ley posibilita que obras menores puedan ejecutarse presentando una declaración jurada suscrita por un arquitecto y los demás profesionales que intervengan, donde certifiquen que el proyecto cumple con la normativa urbanística, ahorrándose la tramitación del permiso de edificación. No obstante, dichas obras aún tienen que determinarse por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero el mecanismo, de todas formas, implica un avance en los tiempos de tramitación.
La normativa también establece una mayor delimitación de las funciones y facultades de los DOM en la tramitación de proyectos. Asimismo, reduce los tiempos para la aprobación de anteproyectos, informes de mitigación de impacto vial y permisos de construcción.
En otro punto, se determina un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud para que la DOM se pronuncie sobre los permisos, Dicho plazo será de 60 días en caso de que el proyecto considere ocupación de 1.000 personas.
Asimismo, se crea un reclamo directo ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo para el caso en que la DOM niegue un permiso de edificación expresamente o a través del “silencio negativo”, concepto que se ingresa en esta norma. Igualmente, se incorpora un nuevo reclamo de ilegalidad compuesto de dos instancias. Primero, ante la misma Seremi y, adicionalmente, ante la Corte de Apelaciones respectiva, remplazando el reclamo de ilegalidad municipal que hasta hoy existía.
Con todo, la ley entrará en vigencia transcurrido el plazo de 45 días de corrido, contando desde su fecha de publicación en el Diario Oficial. (Fuente: Contraloría.cl)
