Ayer, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó el informe final sobre la reforma previsional. Este avance permite que el proyecto pase a la Comisión de Hacienda para continuar su tramitación legislativa.
Según el protocolo acordado entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición, se espera que la reforma sea despachada desde el Senado a más tardar en enero de 2025, para su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
La propuesta del Gobierno contempla un aporte total de los empleadores al sistema de pensiones equivalente al 8,5% de la remuneración imponible. Este porcentaje se divide en tres componentes: un 4,5% destinado directamente a las cuentas de capitalización individual, un 2,5% asignado al Seguro Social, y un 1,5% diferido a las mismas cuentas, denominado “Aporte con Rentabilidad Protegida”.
De aprobarse esta reforma, uno de los sectores beneficiados sería el mercado de capitales, lo que podría influir en una reducción de las tasas de interés a largo plazo, como las asociadas a los créditos hipotecarios. Al respecto, Santiago Truffa, académico del Centro de Estudios Inmobiliarios ESE de la UANDES, señala: “Las AFP, al gestionar los ahorros generados en el corto plazo, invierten en instrumentos financieros de largo plazo, lo que genera una demanda significativa en ese segmento del mercado”.
En este contexto, un aumento en la tasa de cotización podría contribuir a una mayor liquidez y, en consecuencia, a una disminución de las tasas de interés para financiamientos de largo plazo. “Esa mayor liquidez se traduce en una mayor demanda por financiamiento a 30 o 40 años. Tener una masa de ahorro considerable a largo plazo favorece la reducción de las tasas largas”, concluye Truffa.
