- Contraloría liberó el consolidado de las instituciones a las que pertenecían los 25.078 funcionarios públicos que salieron de Chile en 2023 y 2024, pese a estar con licencia médica. El listado incluyó a Presidencia, al CDE, a Fonasa y a la Suseso, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de seguridad social.
Por qué importa. La liberación del consolidado de instituciones a las que pertenecían los 25.078 funcionarios públicos que entre 2023 y 2024 viajaron al extranjero pese a estar con licencias médicas, mostró el alcance del presunto fraude al fisco que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente.
El listado elaborado por la Contraloría General de la República incluyó a 777 de las 788 instituciones a las que pertenecían los 25.078 funcionarios. Es decir, el 99% de estas entidades.
Este último listado incluyó a Presidencia, que registró siete licencias médicas de viajeros, entre 2023 y 2024. Desde Presidencia sostuvieron que “la dirección administrativa de la Presidencia de la República instruyó la realización de sumarios administrativos. Estas personas iniciaron sus actividades en la institución en los años 2001, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022”.
También hubo 14 ministerios y 24 subsecretarías en esta situación.
A esto se sumaron 16 gobiernos regionales y docenas de municipios de todo Chile.
Por el caso Contraloría inició sumarios en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), encargado de administrar el seguro público de salud.
Este sumario alcanzó también a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), encargada de fiscalizar la correcta emisión de las licencias médicas.
El rastreo hecho por Contraloría mostró que tanto Fonasa como la Suseso también registraron casos cuestionados: en Fonasa fueron 44 y la Suseso, seis.
Contraloría envió los antecedentes a la fiscalía, que había iniciado una investigación de oficio, por presunto fraude, a cargo del fiscal Álvaro Pérez de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El Ministerio Público está fuera de los organismos fiscalizados por Contraloría.
Por tratarse de recursos públicos, Contraloría también remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que registró 17 casos cuestionados.
La propia Contraloría registro también 43 licencias presuntamente fraudulentas, informó ese organismo, por lo que el 16 de abril inició un sumario.
Panorama general. El listado inicial de 13 organismos fue dado a conocer el martes por Contraloría. Fue encabezado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, y la Fundación Integra, que sumaban 4.214 licencias otorgadas, de un total de 35.585 a nivel nacional. Es decir, un 11,8%.
Si bien estos casos se habían detectado en gobiernos anteriores, en la actual administración registraron un alza.
La oposición pidió desvincular a los funcionarios infractores.
Entre los casos cuestionados está el de Marcos Barraza (PC), ex jefe de gabinete de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, dio a conocer T13.
Los ministerios. El MOP encabezó el listado, con 312 licencias cuestionadas. Al respecto informaron que éstas equivalen a 212 personas y que instruyeron sumarios, cuyos antecedentes entregarán al CDE.
Obras Públicas, con 312 casos.
Relaciones Exteriores, con 29 casos.
Bienes Nacionales, con 24 casos.
Secretaría General de Gobierno, con 19 casos.
Medio Ambiente, con 15 casos.
Energía, con 15 casos.
De la Mujer, con 9 casos.
Justicia, con seis casos.
Deportes, con seis casos.
Secretaría General de la Presidencia, con cinco casos.
Desarrollo Social, con dos casos.
Educación, con un caso.
Hacienda, con un caso.
Vivienda, con un caso.
Las 24 subsecretarías. El listado incluyó 24 subsecretarías con casos cuestionados, incluyendo 20 licencias de funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que salieron en Chile entre 2023 y 2024, cuando Miguel Crispi ya había pasado a ser jefe de asesores del segundo piso de La Moneda.
Salud Pública, con 393 casos.
Vivienda y Urbanismo, con 207 casos.
Servicios Sociales, con 39 casos.
Educación, con 35 casos.
Redes Asistenciales, con 25 casos.
Desarrollo Social, con 20 casos.
Transportes, con 18 casos.
Trabajo, con nueve casos.
Fuerzas Armadas, con ocho casos.
Economía, con siete casos.
Agricultura, con seis casos.
Interior, con cinco casos.
Educación superio, con cinco casos.
Telecomunicaciones, con cinco casos.
Educación Parvularia, con cuatro casos.
De la Niñez, con cuatro casos.
Relaciones Económicas Internacionales, con tres casos.
Minería, con tres casos.
Cultura y Artes, con dos casos.
Prevención del Delito, con dos casos.
Ciencia y Tecnología, con un caso.
Previsión Social, con un caso.
Turismo, con un caso.
Derechos humanos, con un caso.
Los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales fueron encabezados por Arica y Tarapacá.
Arica, con 30 casos.
Tarapacá, con 15 casos.
O’Higgins, con 13 casos.
Aysén, con 12 casos.
Magallanes, con 11 casos.
Valparaíso, con ocho casos.
Los Lagos, con ocho casos.
El Maule, con cinco casos.
Coquimbo, con tres casos.
El Ñuble, con tres casos.
Biobío, con dos casos.
Metropolitano, con dos casos.
La Araucanía, con dos casos.
Antofagasta, con un caso.
Atacama, con un caso.
Los Ríos, con un caso.
(Consignado por Ex Ante23 de mayo 2025)
