_
Continúa el escándalo del denominado Caso Licencias Médicas revelado por la Contraloría General de la República (CGR), en donde se dio a conocer que más de 25 mil funcionarios públicos, o que prestan servicio al Estado, hicieron mal uso del permiso de salud para ejercer otras labores o viajar.
Además, el ente regulador anunció más investigaciones en sectores como Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas.
El impacto ha sido tan grande que otras entidades del Estado, como los poderes Judicial y Legislativo, al igual que el Ministerio Público, iniciaron procedimientos para identificar irregularidades de estas características en su aparato interno. Esto considerando que la Contraloría no tiene labor fiscalizadora en ellos.
Restitución de los fondos y sanción de responsabilidad
En medio de los cuestionamientos a los funcionarios públicos por las licencias médicas, surge la duda si el dinero malversado en estos casos se puede restituir, así como también si las personas cuestionadas pueden ser responsabilizados de sus actos, teniendo en cuenta que se han presentado renuncias tras la revelación de la Contraloría.
Rosa Fernanda Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (UANDES), explica que, respecto al restitución del dinero indebidamente percibido, existen mecanismos en el ordenamiento jurídico para hacerlo efectivo.
Sin embargo, “no son los tradicionales o los más comunes cuando se trata de funcionarios que están desempeñando labores”, indica. “Allí existen formas más eficaces y eficientes de hacer efectivos estos descuentos”, agrega.
Ahora, “tratándose de personas que ya no forman parte de la administración, se puede hacer, pero el procedimiento es mucho más extenso”, continúa la experta.
En relación con la responsabilidad de estos funcionarios, Gómez comenta que “existe un supuesto en que la administración efectivamente puede perseguir la responsabilidad de un funcionario, aun cuando ya no forme parte del servicio, pero los casos son sumamente limitados”.
Esto ocurre cuando el procedimiento sumario ya se encuentra iniciado antes de que la persona cuestionada presente la renuncia y, por lo tanto, “esa responsabilidad lo puede seguir, ya sea que sea funcionario de otro servicio público o que trabaje en el mundo privado”, dice la especialista.
“En el primer caso, esa responsabilidad va a tener que ser efectiva por el nuevo jefe superior del servicio en el cual esté prestando labores y, simplemente, va a quedar consignado en su hoja de vida la sanción administrativa aplicada, más una nota de demérito, para que si a futuro ese funcionario vuelve a ingresar a la administración se haga efectiva esa responsabilidad”, indica.
“Ahora bien, la responsabilidad para los funcionarios públicos solo va a ser efectiva en la medida que exista continuidad en los desplegos, vale decir, que renuncian el día de hoy y que al día siguiente pasan a formar parte de otro servicio público. Si hay discontinuidad de labores, esa responsabilidad lamentablemente no se podrá hacer efectiva”, sentencia.
