Por Nassib Segovia, Vicedecano Facultad de Economía, Universidad Central
Los recientes informes de la Contraloría General de la República, que revelan que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024, han generado inquietud ciudadana. La decisión de la Corte Suprema de instruir un catastro interno en el Poder Judicial da cuenta de la gravedad del fenómeno, que no solo implica uso indebido de recursos fiscales, sino también erosiona la confianza institucional.
La Ley N° 20.585 entrega a la Superintendencia de Seguridad Social atribuciones para fiscalizar e investigar prácticas fraudulentas, pero como han demostrado los hechos, el marco legal no basta. Se requieren capacidades técnicas y operativas reales para anticiparse y contener estas situaciones.
Las buenas prácticas internacionales y académicas coinciden en un diagnóstico claro: es urgente superar los controles ex post, manuales o fragmentados. Chile necesita una fiscalización en tiempo real, que conecte datos entre salud, previsión y control.
Fortalecer el control de gestión público exige implementar sistemas que permitan detectar riesgos (scoring), visualizar y priorizar casos (BI), identificar patrones atípicos (minería de datos) y acreditar fraudes con evidencia digital trazable (auditoría forense). Para consolidar estas capacidades, es clave avanzar en su implementación progresiva, con interoperabilidad, cobertura institucional y actualización tecnológica.
Su efectividad depende también de contar con equipos técnicos especializados en trazabilidad digital, análisis de redes y recuperación de evidencia, que actúen con rigor, ética y pleno respeto al debido proceso.
Recuperar la confianza en nuestras instituciones exige construir una arquitectura de control moderna, preventiva y robusta. No basta con reaccionar cuando el daño ya está hecho, es momento de actuar con decisión ante lo que está en juego: la integridad de lo público.
