Congreso Nacional, chilenos, chilenas, habitantes de nuestra patria. Por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno.
¿Cómo poder valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia? ¿Reconocer los tropiezos y errores sin ser derrotista? ¿Asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos?
¿E identificar los desafíos pendientes con decisión pero sin voluntarismo? ¿Cómo poder ponderar los cambios de Chile y el mundo entero en estos años y el rol que el gobierno ha jugado en ellos? Estas son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta.
Son preguntas difíciles, sin duda. Pero quiero que sepan que los principios con los que abordaré mis respuestas son claros y sencillos. Con humildad, con firmeza y con honestidad.
Asumimos el gobierno después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile, a la que siguió una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo y nos recordó, una vez más, sabiamente, que nadie se salva solo. El estallido social del 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad, que expresó en esos meses todas sus contradicciones. Hubo episodios de violencia inaceptables que no pueden ser justificados, como la quema del metro, la destrucción del patrimonio público y privado y la agresión a carabineros.
Y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultados de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún esperan justicia. Mucho se ha discutido sobre el significado de estos eventos, pero si hay algo que no se puede negar es que la gran mayoría de quienes participaron en las manifestaciones lo hizo de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio. Con el paso del tiempo, quizás no suficiente aún para tener una evaluación histórica, pero sí para sacar aprendizajes, me atrevo a afirmar que los chilenos y chilenas exigieron terminar con los abusos, acceder a más derechos y bienestar y tener una voz protagónica en el devenir de la patria.
Pero lo hicieron sin renegar de sus propias trayectorias vitales, que dan cuenta de un innegable progreso en las últimas décadas desde la recuperación a la democracia, tanto en su dimensión material como en el ejercicio de libertades que antes, hace no tanto tiempo, estaban vetadas. Esto no fue bien aquilatado por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este periodo como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando a tildarlo incluso estallido delictual, lo que insulta a todos quienes participaron pacíficamente de éste y que conoce las causas profundas que generaban ese legítimo malestar.
Por otro lado, en momentos se pretendió desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás. No todo estaba bien, pero no todo estaba mal. Y es que la ansiedad por sintonizar inmediatamente con algún sector determinado de la población sin hacer una reflexión pausada, demostró para cualquiera de los sectores políticos no ser un buen camino.
Pese a todas las rivalidades, a todas las tensiones, Chile, de manera ejemplar, logró encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana. Pero el germen de las interpretaciones reduccionistas estaba plantado y se expresó de manera clara en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo claro de ambas propuestas, dominadas cada una por fuerzas antagónicas que, en mi opinión, cometieron el error de negarle la legitimidad al que tenían enfrente, dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros, sin renunciar a su historia ni tampoco a los derechos conquistados tras largas luchas.
Considero que es un profundo error entender estos procesos constitucionales como un fracaso, porque fueron un tremendo aprendizaje para Chile. Fueron ambos un recordatorio de que Chile no quiere ni precisa de vanguardias que se escapen del sentido común de su propio pueblo, y una profunda reivindicación de que este país lo construimos entre todos y todas, sin negar jamás a quien piensa distinto. La ciudadanía le enseñó a la política que no tiene sentido pretender pasarnos a planadoras mutuamente.
Ustedes, estimados y estimadas, conocen mi postura, los ideales de igualdad que me animan. Soy una persona que cree en el cambio y el progreso social, que piensa que Chile necesita de importantes transformaciones para tener más justicia y una democracia que sea más profunda. El desafío era, y sigue siendo, cómo lograr aquello sin despertar legítimos temores y sin desconocer los logros individuales y sociales que tenemos buenas razones para valorar.
Ahora, en lo que respecta a nuestro gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria de 2021, que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes cuatro años, no fueron aquilatadas como correspondían. Y tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, que es necesario una mejor síntesis entre generaciones y los proyectos progresistas.
Hubo, por tanto, que ajustar el rumbo. Se ha tratado de imponer una tesis de que este ajuste de rumbo y los énfasis programáticos del gobierno respecto a nuestro programa original y la incorporación decidida al corazón del gobierno de otras fuerzas políticas con las que antes habíamos antagonizado, fueron una supuesta claudicación respecto a los motivos que nos llevaron a participar en política. Y aquí, de cara al país, quiero refutar de manera tajante esta interpretación.
Y por el contrario, afirmo que una de las virtudes de nuestro gobierno fue precisamente ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar jamás sus principios y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita. ¿Hemos logrado todo lo que queríamos con la profundidad que queríamos? No.
Pero hemos avanzado en esa dirección atendiendo a las condiciones en las que nos tocó gobernar y a la correlación de fuerzas no sólo del Congreso, sino de todo el espectro social. Revisando la historia, tal como en los años 30 el Frente Popular no pudo avanzar en la sindicalización campesina para en cambio avanzar en la industrialización de Chile, o en los 90 no se pudo terminar con todos los enclaves autoritarios por falta de votos en el Congreso, hoy nos tocó a nosotros ponderar nuestras aspiraciones para poder conseguir avances concretos y tangibles para el pueblo de Chile.
La reforma de pensiones que por 10 años había resultado infructuosa es quizás el mejor ejemplo de ello. Y es que ese es justamente el arte de la política democrática. Ser capaces de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en torno a un bien común compartido, en donde las distintas partes deben ceder respecto a sus posiciones originales.
Nuestras visiones programáticas como fuerzas progresistas son firmes y también lo es la convicción de que nuestras urgencias sociales no pueden seguir esperando una mejor correlación de fuerzas, porque la política también tiene el deber de responder al presente, a la gente, a quienes hoy día nos están viendo en sus casas, a quienes no nos están viendo, pero les afecta lo que hacemos. Y en este punto quiero reivindicar con mucha fuerza la unidad del progresismo para poder lograr estos consensos que pese a todos los pronósticos que anunciaban tempranos quiebres, llegan a este último año de gobiernos unidos y con más acuerdos que diferencias, tanto respecto al obrado como a lo que queda por hacer. Es la unidad, unidad de quienes reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los derechos humanos no se transan, que el mercado no se regula solo, que el Estado tiene un rol importante junto con el sector privado y la sociedad civil en la construcción del bien común y que la convivencia se fortalece desde la esperanza y no desde el miedo. Esta unidad es fundamental y necesaria para seguir construyendo un Chile más justo y próspero. Ahora, a todo gobierno se le evalúa por una mezcla de su cumplimiento programático como también por sus logros concretos durante el periodo que nos tocó gobernar.
Eso independiente de las intenciones que se hayan tenido. Y el nuestro, sin lugar a dudas, no va a ser la excepción. Tengo la convicción de que un buen gobierno no es solo aquel que muestra números o tickets de cumplimiento, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales.
En el fondo, no se trata de más o menos Estado o de frases amenazadoras a quienes abusan con la mayoría de los servidores públicos que sí hacen su trabajo con vocación y responsabilidad. Se trata, estimados y estimadas, de tener la capacidad política de progresar y justificar que las tensiones que produce el desarrollo pueden ser resueltas. Esto es precisamente lo que hemos logrado durante nuestro gobierno con las 40 horas, con el aumento del salario mínimo, con la reforma de pensiones, con el Sistema Nacional de Cuidado, con haber acelerado la inversión, con la solución a la deuda histórica con los profesores, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, con la General de Búsqueda y la Estrategia Nacional del Litio, o los avances en Derechos de las Mujeres, entre otras tantas realizaciones. Esto es lo que jamás se podría lograr con una política hecha desde el miedo, desde la desinformación, la desconfianza y el pesimismo. Esto es, estimados y estimadas, al final del día la gobernabilidad.
Además de todo lo anterior, es necesario tener presente el escenario internacional, porque Chile está inserto en el mundo y el mundo que nos toca vivir cambia vertiginosamente, haciendo de la incertidumbre su característica central. En 2022, el mundo emergía con dificultad de los escombros de la pandemia. ¿Cómo olvidarlo?
Las cadenas de suministro estaban interrumpidas, la inflación presionaba a las familias y muchos empleos se habían destruido. La guerra había regresado a Europa y la democracia se tambaleaba donde antes se daba por sentada. Hoy, el orden internacional ya no gira en torno al multilateralismo y ha emergido un nuevo escenario marcado por alianzas pragmáticas y una reconfiguración de las cadenas productivas globales y una competencia por recursos estratégicos que afecta directamente a países abiertos como el nuestro.
La revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial está cambiando aceleradamente el trabajo, la educación, los medios y hasta la política misma. Y en este nuevo contexto, la democracia enfrenta desafíos que son inéditos, no menos graves a los que dieron lugar a las tremendas tragedias del siglo XX. La realidad nos recuerda una vez más que las libertades y derechos conquistados no hay que darlos nunca por sentados y deben ser defendidos con fuerza, con convicción, por cada generación.
En nuestra patria, en Chile, hemos respondido con firmeza y nos hemos puesto la tarea de avanzar hacia un clima político que sea más dialogante, que sea consciente de los límites pero también de las tremendas posibilidades que tenemos como país. Este es el punto de partida del mensaje que hoy les entrego. Mi objetivo es rendir cuenta con honestidad y de renovar ante Chile con serenidad el compromiso con un país que ha cambiado y que con toda justicia sigue esperando más.
Hecha esta primera reflexión, destacaré en esta cuenta pública los logros más importantes de nuestro gobierno. Plantearé los desafíos pendientes, identificaré los límites que enfrentamos y anunciaré medidas y decisiones para lo que resta del gobierno. Dividiré mi presentación en tres seguridades.
Seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad económica y desarrollo sostenible. Y además me referiré finalmente a la promoción de la democracia y la cohesión social. Sobre seguridad ciudadana, el crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos.
Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento. Y hemos actuado en consecuencia. En 2021, estábamos ante una tendencia que era preocupante.
Un aumento sostenido de homicidios y delitos violentos como encerronas, portonazos y balaceras. Esto acompañado con un creciente control territorial de bandas de crimen organizado y una frontera que tenía un débil control migratorio ante la migración irregular. Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios al alza que venía hace años en ascenso.
Con un trabajo serio y sostenido de carabineros, de la PDI, de la fiscalía, de los gobiernos regionales y de los municipios, a todos quienes agradezco. Pero el Estado no está para buscar excusas ni solazarse, sino para dar soluciones. Porque quiero decirles, chilenos y chilenas, que no permitiremos jamás que se normalice la delincuencia, sea del carácter que sea.
Ante quienes afirman irresponsablemente que Chile está de rodillas frente a la delincuencia o que Chile se cae a pedazos, yo respondo que se equivocan. Que Chile está de pie peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho de vivir en paz. Y vamos a ganar esa batalla.
Algunos dirán malintencionadamente que no se ha hecho nada, pero no es cierto. Este mismo Congreso, ustedes han aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas de delito y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal. Ahí están la ley antinarco, las técnicas investigativas, la tipificación del robo de madera, la votación para tener más dureza con la reincidencia delictual, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública o la modernización de la ley antiterrorista.
Pero aún falta. Y en particular me refiero a la ley de inteligencia económica, porque es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar contra levantar el secreto bancario en la tarde.
Porque si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes. Insto a este Congreso a avanzar ya en este proyecto. Logramos también el aumento significativo de los recursos a las policías, lo que les ha permitido renovar su equipamiento y contar con mejores herramientas para enfrentar la delincuencia.
Estas instituciones, en algo que es muy solicitado por la ciudadanía, y ustedes lo saben, a cada lugar en que vamos van a poder tener aumentos progresivos en su dotación, para que haya más carabineros, para que haya más detectives, para poder dar seguridad de manera más oportuna a nuestra gente. Ahí también está la nueva infraestructura lista o en construcción, una tarea de Estado para carabineros, para la PDI, en lugares como Arica, Antofagasta, Taltal, Oyagua, Iquilicura, Viña del Mar, Yumbel, San José de la Mariquina, Copiapoma, Ipuzan, Ramon, Tocopilla, Peñaflor, Peumolos, Andes. La nueva Escuela de Formación de Carabineros del Grupo de Concepción, que va a fortalecer la capacitación profesional y el despliegue de nuevos efectivos.
Ahí está, a la vista de todos, la destrucción en sólo tres años de más de 67.000 armas, lo que equivale al 30% de todas las armas destruidas en Chile desde 1990, porque pese a lo que promueven algunos, menos armas circulando es más seguridad para todos. Ahí está el descenso significativo de los actos de violencia en la macrozona sur. La cantidad de lesionados ha disminuido en más de un 70%, hubo un 60% menos de ataques incendiarios y se redujeron en 82% los inmuebles que han sido atacados.
Pero no nos conformamos, queremos que todo eso sea cero. Ahí está el reforzamiento de la frontera norte. Nuestra ministra estaba el día de ayer, en Arica, con las Fuerzas Armadas, mediante la reforma constitucional que habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas, aprobada también transversalmente, en una zona que se encontraba, digámoslo, desprotegida.
El resultado es que durante nuestro gobierno ha habido un descenso de 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior. Ahí está también la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres y los 24 centros de atención especializada en violencia de género. Y falta aún la aprobación de la Defensoría de Víctimas, que requiere un último esfuerzo y no me cabe ninguna duda que va a contar también con apoyo transversal, pese a las diferencias que tenemos.
Ahí está la recuperación de espacios públicos a lo largo de todo Chile, que es deber de todos cuidar, no sólo de las autoridades, de la sociedad entera, ahí está la eliminación de los narcomausoleos, la implementación y mejora continua del Plan Calle sin Violencia. De esto pueden dar fe los vecinos de la Plaza de los Cuncos en Renca o de la Plaza Augusto del Mar Oriente en San Ramón, y tantas, tantas otras comunas que se han visto beneficiadas y ven cómo se transforman en espacios llenos de vida, lugares que antes les fueron ajenos o que estaban abandonados o tomados por la delincuencia. Ahí está también el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que va a permitir que en cinco años, y esto por lo tanto es una tarea de Estado, sumemos más de 15.000 nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles. Los logros que he mencionado son hechos concretos, son indiscutibles en cuanto a realizaciones, pero no dan para celebrar ni tampoco para relajarse. Quiero decirles a todos que tenemos que seguir con más fuerza, con más decisión, con unidad, pese a las diferencias que tenemos, estimados y estimadas parlamentarias, pese a las diferencias que tenemos. También resulta fundamental el trabajo en la reinserción y en la prevención del delito, porque quiero decirles que es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia.
Hay que prevenir y una vez ocurrido el delito no podemos dejar a esas personas a su suerte. Porque muchos de los jóvenes que caen presos ya tienen un familiar preso en la cárcel.
Y romper ese destino trágico es un deber moral de la sociedad. Y se puede, se puede lograr. Ese es el objetivo que tiene el nuevo servicio de reinserción social juvenil que fue puesto en marcha el 2023.
Y en esto los municipios, los municipios juegan un rol fundamental en la prevención del delito. Déjenme decirles que antes de nuestro gobierno los municipios tenían que competir por recursos para proyectos de seguridad, competir entre ellos y en donde generalmente ganaban los que ya tenían más recursos porque tienen más capacidad para elaborar proyectos. Desde el 2023 implementamos el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que entrega recursos permanentes a 120 comunas y financiamiento rotativo para otras 255 comunas año por medio.
En definitiva mi mensaje respecto a la seguridad ciudadana es que reconozcamos todos juntos lo que se ha hecho y a la vez no nos conformemos con ello. Es lo que la sociedad nos exige. Y para seguir avanzando necesitamos estar unidos porque cuando nos unimos el crimen retrocede.
Falta para ello una comprensión más profunda de largo plazo de que la seguridad no puede ser una bandera partidista que se use para tratar de sacar réditos para la próxima elección sino una condición necesaria para que toda la sociedad pueda prosperar y vivir en paz como se merece. En este camino que es largo y difícil Carabineros de Chile la PDI y las Fuerzas Armadas han sido piezas fundamentales y por ello les rindo homenaje por su compromiso cotidiano muchas veces silencioso y siempre arriesgado por protegernos. El sacrificio el sacrificio de funcionarios como Daniel Palma, Rita Olivares, Alex Salazar, Carlos Cisterna, Sergio Arevalo, Misael Vidal de Carabineros o Camila Silva y Daniela Salazar de la PDI no puede pasar al olvido.
Ellos no son mártires ni de un gobierno ni de un sector son mártires de Chile y como tal debemos honrarlos. Hoy las policías cuentan con más dotación con mejores tecnologías y con un mayor respaldo jurídico y social. También tienen un mandato ético que es claro actuar con determinación ante el delito y siempre dentro del Estado de Derecho.
Defender la seguridad de todos y todas siempre con respeto a los derechos humanos porque desde esa legitimidad es de donde se construye fuerza eficaz confiable y respetada por toda la ciudadanía. El compromiso que tenemos es seguir avanzando no con promesas vacías sino con hechos concretos como los que he demostrado hechos que devuelvan la tranquilidad a nuestros barrios a San Pedro de la Paz donde se vivió hace pocos días un incidente inaceptable en donde adolescentes fueron baleados en su mismo colegio. No podemos permitirnos ni naturalizar que eso suceda.
Ahí falló la sociedad entera. Tenemos que trabajar con más fuerza porque queda mucho por hacer hechos que hagan de Chile un país mejor. Un país seguro, justo y que sea digno para todos.
Segundo eje, la seguridad social. La esencia de un gobierno progresista como el nuestro es que su práctica política apunte a la universalidad.
Es cierto que en nuestra sociedad persisten diversas formas de discriminación injustas que deben ser enfrentadas. Pero no podemos olvidar que, aunque se presenten como radicales, la política identitaria, cuando es aislada, suele terminar en una política de defensa de grupos de interés que no cambia la estructura de las desigualdades en una sociedad. Desde esta convicción, en el ejercicio de mi gobierno, hemos hecho políticas públicas que son universales.
Por eso impulsamos el Copago Cero, las 40 horas, la incorporación de un seguro social en las pensiones, el Royalty de la Gran Minería o la modernización y ampliación del transporte público, el Sistema Nacional de Cuidados o el aumento del sueldo mínimo. Y es que, en materia laboral específicamente, los avances para las y los trabajadores, no colaboradores, trabajadores, digámoslo claramente, son claros. Y no fue fácil hacerlo, porque el 2022, cuando asumimos el gobierno de manera responsable, implementamos un duro ajuste fiscal a una economía que estaba sobrecalentada y con alta inflación y precios de muchos servicios importantes congelados de manera razonable por la pandemia.
Mi primera definición en el gobierno fue que este necesario ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los forcidos de la familia. Y cumplimos, porque aumentamos el sueldo mínimo de 350 mil pesos a 539 mil pesos mensuales, lo que significa la mayor alza de las últimas décadas y nos posiciona como el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica. Y además, y esto es muy importante, lo hemos hecho bajando a tasas históricas la informalidad laboral.
A tasas históricas la informalidad laboral. Es parte de la palabra que exigí que me cobraran. Porque es la amenaza permanente a la que recurren quienes siempre encuentran una excusa para oponerse a aumentar los ingresos de los trabajadores.
