- La ley establece que los funerales que sean calificados como de alto riesgo por la Delegación Presidencial deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 24 horas desde su notificación.
Con la participación de diversas instituciones, la Seremi de Seguridad Pública de Tarapacá presentó este miércoles los detalles de la implementación de la Ley N° 21.717, que regula la realización de funerales calificados como de alto riesgo. La normativa comenzó a regir tras la reciente publicación de su reglamento en el Diario Oficial.
La jornada fue encabezada por la seremi Ana María Peralta Cáceres y contó con la presencia de representantes de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Delegación Presidencial Regional, Ministerio Público, Registro Civil, Gendarmería, Seremi de Salud, Servicio Médico Legal, representantes de cementerios y otros servicios públicos.
El encuentro marcó la antesala de la conformación de una mesa interinstitucional que coordinará la aplicación de la Ley N° 21.717 en la región. Esta instancia también se encargará de monitorear el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por cada organismo. La mesa será liderada por la Delegación Presidencial Regional, con apoyo de la Seremi de Seguridad Pública en la coordinación del despliegue policial y logístico.
La ley establece que los funerales calificados como de alto riesgo por la Delegación Presidencial deben realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación. Esta calificación será determinada a partir de un informe técnico elaborado por Carabineros, el cual puede considerar antecedentes entregados por la PDI o Gendarmería. La resolución también considerará los antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias de su muerte y otros factores de riesgo.
“Esta normativa nació del mensaje presidencial del presidente Gabriel Boric en 2023. Su aprobación en noviembre y puesta en marcha el 28 de mayo demuestran el compromiso del Gobierno por resguardar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, indicó la seremi Ana María Peralta.
Agregó que “todo el proceso funerario —desde la inscripción de defunción hasta la sepultación o cremación— debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas, en recintos autorizados por el Código Sanitario”. Además, subrayó que la ley contempla penas de 541 días a 3 años y 1 día, y multas entre 10 y 20 UTM para quienes infrinjan la normativa, especialmente si se cometen delitos durante el funeral o en sus alrededores.
