A partir de agosto, los empleadores deberán asumir un incremento del 1% en la cotización previsional de sus trabajadores. Este ajuste no reducirá la remuneración líquida de los empleados y continuará aumentando de manera gradual hasta alcanzar un 8,5% en 2033.
Esta alza, podría convertirse en un nuevo desafío para la contratación y la competitividad laboral, advierte Jorge Rodríguez, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (UANDES).
“El aumento previsional es, en la práctica, un impuesto al trabajo. Y la evidencia internacional muestra que este tipo de cargas afectan el empleo. La pregunta no es si tendrá impacto, sino qué tan fuerte será”, afirma Rodríguez.
“ES DIFÍCIL PENSAR QUE LA MEDIDA NO TENGA EFECTOS NEGATIVOS”
El académico subraya que el momento elegido hace aún más complejo el panorama: “Estamos en una economía que crece apenas 2%, con un mercado laboral debilitado, sin generación de empleos y con la tasa de desempleo al alza. En este escenario, es difícil pensar que la medida no tenga efectos negativos”.
Además, recuerda que esta alza se suma a otras políticas que ya han encarecido los costos laborales, como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. “Todas estas medidas configuran un entorno de mayor presión para las empresas, lo que inevitablemente podría frenar nuevas contrataciones”, advierte Rodríguez.
