Nassib Segovia
Vicedecano Facultad de Economía, Universidad Central
El teletrabajo fue un puente improvisado en la pandemia: mantuvo empresas operando, clases en marcha y servicios activos. Todos lo adoptamos. Superada la emergencia, surgieron voces que proponen desecharlo y volver al modelo rígido de oficina y control presencial. Sería un error.
Antes del COVID-19, en Chile apenas el 0,5% trabajaba a distancia. La crisis lo masificó y llevó a regularlo: la Ley 21.220/2020 estableció derechos básicos (como desconexión y provisión de equipos) y la Ley 21.645/2024 lo garantizó a cuidadores, reconociendo que la flexibilidad no es un privilegio, sino una necesidad social. En el papel avanzamos, pero en la práctica retrocedemos.
El teletrabajo total disminuye y el esquema híbrido (2 a 4 días presenciales) se impone, sin embargo, la conciliación sigue frágil: un 61% de trabajadores cambiaría de empleo si aumenta la presencialidad, mientras más del 40% de empleadores cree que la verdadera productividad solo ocurre en oficina. Para unos, la flexibilidad simboliza confianza y para otros, la presencialidad es control y no es un fenómeno local, en grandes compañías se han endurecido políticas, confundiendo presencia con compromiso y horas en oficina con productividad.
El futuro no es optar entre teletrabajo o presencialidad, sino combinarlos con criterio: reservar la oficina para cocreación y cultura, aprovechar lo remoto para concentración y distribución, gestionar por resultados, garantizar conciliación, derecho a desconexión, seguridad y fortalecer infraestructura digital.
Chile avanzó en normas, pero falta una cultura de confianza que potencie lo aprendido: productividad medible, reducción de traslados y mayor participación de mujeres y cuidadores. El trabajo del siglo XXI exige menos control y más confianza.
