–El nuevo instrumento reemplazará al actual, el que fue elaborado hace 41 años.
El Consejo Regional de Tarapacá (CORE) aprobó la asignación de $94.902.000 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para financiar la actualización del Plan Regulador Comunal de Pozo Almonte, incorporando los planes seccionales de La Tirana y La Huayca.
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Pozo Almonte, tiene una duración de 17 meses y busca entregar a la comuna un instrumento de planificación territorial moderno, coherente y participativo. Con ello se reemplazará el plan vigente – elaborado en 1984 – que solo abarca el área urbana de Pozo Almonte y que ya no responde a las necesidades actuales.
El Gobernador y presidente del CORE, José Miguel Carvajal, destacó la importancia de este avance para la provincia del Tamarugal. “Pozo Almonte cumple un rol estratégico como capital provincial y centro logístico y de servicios de Tarapacá, especialmente, con la puesta en marcha del Corredor Bioceánico. Contar con un plan actualizado significa mejorar la calidad de vida de sus habitantes, preservar la identidad cultural de localidades como La Tirana y La Huayca, y potenciar su vocación económica y social”.
En tanto, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, agradeció la aprobación de estos recursos. “Esta es la última etapa del estudio del Plan Regulador Comunal para la comuna de Pozo Almonte, que viene a solidificar no solo la comuna, sino que también La Tirana, La Huayca, con este espacio que va a permitir generar terrenos urbanos, atraer más inversión pública y, gratamente también, las viviendas, que van a tener hoy un espacio que no va a requerir tramitaciones de largo plazo; y eso se lo debemos al Gobierno Regional, al Consejo Regional y al Gobernador. Esperamos, de acá a un año, tener terminado este Plan Regulador para ingresarlo a Contraloría”, sentenció la autoridad.
El nuevo plan regulador permitirá ordenar y regular el uso del suelo en todo el territorio comunal, incluyendo sectores rurales, lo que contribuirá a enfrentar la expansión desordenada, ocupaciones informales y déficit de infraestructura y servicios. Además, orientará futuras inversiones públicas y privadas, otorgando mayor certeza jurídica y favoreciendo un desarrollo sostenible.
