En una declaración reciente, la Rama de Transporte de la Multigremial Nacional expuso la grave situación del transporte en Chile: más de 300 camiones robados al año. Detrás de cada cifra que suma y sigue, hay un conductor que no llegó a casa, una familia que esperó en vano su regreso. Esta realidad se vuelve particularmente dolorosa en Fiestas Patrias, cuando los robos de mercancías aumentan un 30%, justo cuando estos trabajadores deberían reunirse con sus seres queridos.
Esta tendencia se confirma con nuevas cifras. Según la Federación de Transportistas del Sur y las aseguradoras, durante el primer semestre de 2025 los robos a transporte de carga aumentaron un 31%. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) revela que, desde 1998, se han quemado cerca de 2.000 camiones, cifra que se incrementó desde 2019.
En este escenario, el fenómeno delictual ha mutado: ya no hablamos de asaltos al azar, sino de grupos especializados que dominan rutas y cargas, y actúan de forma coordinada. Sus blancos más recurrentes son alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo masivo, con un peak en septiembre, cuando aumenta la demanda de carnes y alcohol.
La consecuencia más dura la viven los transportistas y sus familias. Miles enfrentan una realidad desgarradora: cuando sus hijos les preguntan si estarán en casa para el 18, no pueden dar una respuesta definitiva. Mientras las familias planifican celebraciones, estos hombres y mujeres del transporte deben calcular rutas seguras y horarios de menor riesgo para sobrevivir a un mes donde la demanda los convierte en objetivos móviles.
El impacto humano trasciende las estadísticas. Hay conductores que modifican horarios, perdiendo tiempo valioso con sus familias; parejas y seres queridos que no duermen hasta escuchar las llaves; hijos que aprenden tempranamente que papá trabaja en algo peligroso.
Frente a esta realidad, el Estado tiene una deuda pendiente. Se necesita mayor presencia policial en rutas críticas, especialmente durante septiembre. Se requieren protocolos de emergencia que pongan la vida humana por sobre cualquier carga.
Pero la responsabilidad no es solo institucional, también es social. Como sociedad, no podemos seguir normalizando que las personas que abastecen nuestro país arriesguen sus vidas para hacerlo. Es inaceptable que, mientras nosotros planificamos nuestros asados y fondas, ellos planifiquen estrategias de supervivencia.
Por eso, la celebración patria debe ser un símbolo de seguridad compartida. Un país que celebra su independencia debe garantizar la seguridad de todos sus trabajadores. Detrás de cada empanada y brindis hay alguien que arriesgó su integridad para que insumos tan preciados llegaran a nuestras mesas.
La logística no puede seguir siendo un oficio de riesgo vital. Es momento de decidir si queremos Fiestas Patrias donde todos puedan celebrar: quienes consumen y quienes abastecen por igual. Porque no hay tradición que valga la vida de un trabajador, ni celebración que justifique el sufrimiento de una familia.
Felipe Miranda, country manager de Logisfashion Chile
