Este lunes 29 de septiembre se ha publicado en el Diario Oficial una de las reformas más esperadas por el mundo productivo y social de nuestro país: la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), Ley 21.770, presentada por el Presidente Boric como parte de su compromiso de modernizar el Estado y facilitar la inversión en Chile. Esta normativa, que entró en vigor tras un largo y riguroso proceso legislativo, no solo representa un cambio estructural en la manera de gestionar permisos, sino que también abre un horizonte de oportunidades concretas para regiones como Tarapacá, donde el dinamismo económico depende en gran medida de la agilidad y certeza de los procesos administrativos.
La esencia de esta reforma es clara: simplificar, agilizar y modernizar la tramitación de autorizaciones sectoriales, reduciendo entre un 30% y un 70% los tiempos de espera. Para proyectos estratégicos, el impacto es aún mayor, con una disminución de hasta el 50% en los plazos de tramitación. En una región como la nuestra, donde convergen sectores clave como la minería, la energía, la logística y el turismo, esta medida representa un antes y un después en la atracción de nuevas inversiones.
Quienes conocemos de cerca las dificultades que enfrentan los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y los grandes proyectos de inversión en Tarapacá, sabemos que muchas veces la burocracia ha significado una traba injustificada. No se trataba de falta de interés en cumplir la ley, sino de procesos que se extendían en exceso y que restaban competitividad a nuestros territorios frente a otras regiones del país o, incluso, frente a otros países vecinos. Con la LMAS, esta barrera comienza a derribarse.
La nueva ley incorpora principios innovadores como la tramitación paralela de permisos, que evita los trámites secuenciales innecesarios y permite avanzar de manera simultánea en las distintas autorizaciones, salvo que una normativa específica lo impida. Esto significa que un proyecto minero en el Tamarugal, una iniciativa logística en Patache o una obra de infraestructura en Alto Hospicio podrán iniciar su fase de construcción mucho antes, generando empleo y movimiento económico en menos tiempo.
A ello se suman medidas que aportan mayor seguridad jurídica, como el uso del silencio administrativo positivo, la incorporación de Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) y la consolidación de la plataforma digital SUPER, que actuará como ventanilla única para todas las solicitudes. Estos avances no son meras formalidades: son transformaciones profundas que entregan certezas, evitan discrecionalidades y fortalecen la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Para Tarapacá, esta ley también es una oportunidad de diversificación productiva. La posibilidad de avanzar más rápido en proyectos de energía renovable no convencional, en concesiones marítimas para potenciar la acuicultura, o en obras públicas de infraestructura vial y portuaria, fortalece nuestra posición estratégica en el marco del Corredor Bioceánico y en el comercio con los países del Asia-Pacífico. Asimismo, iniciativas como el Vino del Desierto, el turismo en Pica o la expansión de empresas locales en la ZOFRI podrán beneficiarse de procesos más ágiles y transparentes.
Quiero destacar que esta ley es fruto de un esfuerzo transversal, en el que participaron actores de gobierno, oposición, organismos sectoriales y el propio sector privado. En palabras del Ministro de Economía, Fomento y Turismo Álvaro García, se trata de una reforma estructural que busca estar plenamente operativa durante este gobierno, con la dictación de al menos 29 reglamentos y la intervención de más de 40 leyes sectoriales. Esto demuestra el compromiso del Estado de acompañar, facilitar y potenciar la inversión, sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que Chile exige.
Como Seremi de Economía de Tarapacá, estoy convencido de que esta normativa marcará un punto de inflexión. La inversión genera empleos, mejora la calidad de vida de las personas y aporta al desarrollo sostenible de la región. Hoy, gracias al liderazgo del Presidente Boric y al trabajo conjunto de tantas instituciones, Tarapacá tiene la oportunidad de dar un salto adelante en su competitividad y en su capacidad de atraer proyectos que beneficien directamente a nuestras comunidades.
La Ley de Permisos Sectoriales no es solo un cambio normativo. Es, ante todo, una señal de confianza y de esperanza: confianza para los inversionistas que ven en nuestra región un lugar atractivo para crecer, y esperanza para las familias de Tarapacá que esperan más oportunidades laborales y mayor dinamismo económico.
En definitiva, hoy celebramos una reforma que moderniza al Estado, que pone a Chile a la altura de las exigencias globales y que abre un futuro más promisorio para nuestra región. El desafío ahora es implementarla con la misma convicción con que fue diseñada, para que cada proyecto que se concrete en Tarapacá sea una demostración de que, cuando hay voluntad política, diálogo y visión de futuro, es posible construir un país más próspero y justo para todos.
Secretario Regional Ministerial de Economía en Tarapacá, Jorge Julio
