En los últimos días se han difundido opiniones públicas que relativizan el sufrimiento estudiantil en contextos universitarios, presentando las denuncias de estudiantes y familias como exageración, fragilidad o victimización. Más allá de casos puntuales, este enfoque revela un problema estructural que la educación superior chilena no puede seguir eludiendo.
En carreras altamente jerarquizadas, como las del ámbito de la salud, existe una historia documentada de asimetrías de poder mal reguladas, donde prácticas de hostigamiento académico, evaluaciones arbitrarias y exigencias desproporcionadas han sido normalizadas bajo la idea de “exigencia formativa”. Entre ellas, la reprobación de estudiantes por no cumplir cuotas de pacientes o por condiciones estructurales fuera de su control, trasladando fallas institucionales al estudiantado.
Este contexto no es neutro. Familias y estudiantes han debido enfrentar graves consecuencias en la salud mental, incluyendo casos de daño extremo, en entornos marcados por presión excesiva, humillación y ausencia de resguardos efectivos. Tratar estos hechos como episodios aislados o exageraciones generacionales no solo es incorrecto: contribuye a su repetición.
La educación superior tiene el deber indelegable de resguardar la dignidad, la integridad psíquica y los derechos fundamentales de quienes se forman en sus aulas. La autonomía académica no puede operar como excusa frente al control institucional. El verdadero rigor académico no se sostiene sobre el miedo ni la humillación, sino sobre la responsabilidad, la ética y el respeto por las personas.
Carolina Becerra Sepúlveda
Académica Facultad de Educación, Universidad Central
