Chile entra a 2026 con una paradoja cada vez más evidente. Mientras el Estado, las empresas y la economía en su conjunto aceleran su transformación digital, la disponibilidad de capital humano en tecnologías de la información sigue siendo una de las principales restricciones para crecer, innovar y competir. La brecha de talento digital ya no es un problema sectorial: es un desafío estructural para el desarrollo del país.
Los datos internacionales lo confirman. El Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum advierte que cerca del 44% de las habilidades laborales cambiará hacia 2030, impulsadas por la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización transversal de los procesos productivos. En Chile, esta transformación se enfrenta a un mercado laboral que no logra formar ni reconvertir talento al ritmo que demanda la industria tecnológica. El resultado es claro: un déficit cercano a 6.000 profesionales TI al año, con impacto directo en productividad, innovación y competitividad.
Frente a este escenario, insistir únicamente en diagnósticos o en grandes reformas de largo plazo no es suficiente. La urgencia está en implementar políticas públicas costo-efectivas, escalables y de rápida ejecución, capaces de ampliar la base de capital humano digital desde 2026. Desde la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI) proponemos avanzar con decisión en tres ejes concretos.
El primero es fortalecer la formación técnica y profesional en áreas estratégicas, como programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. Esto implica diseñar políticas públicas que alineen la oferta formativa con las necesidades reales del mercado laboral, y no solo con criterios académicos tradicionales. La productividad futura del país dependerá, en gran medida, de cuántas personas cuenten con habilidades digitales aplicables y actualizadas.
El segundo eje es potenciar la coordinación público-privada. La experiencia demuestra que los programas formativos que incorporan activamente a las empresas —a través de prácticas, certificaciones reconocidas y contenidos co-diseñados— logran mejores tasas de empleabilidad y menor deserción. Bootcamps, certificaciones cortas y formación práctica permiten una inserción laboral más rápida, especialmente para jóvenes que no continúan estudios superiores de inmediato y para trabajadores en proceso de reconversión.
El tercer eje es dar un salto institucional con la creación de un Centro Nacional de Capacitación Digital (CNCD), basado en alianzas público-privadas. Este centro tendría como meta formar, atraer y retener talento digital, articulando programas de formación inicial, reconversión laboral y especialización avanzada. Un CNCD permitiría escalar esfuerzos hoy dispersos, asegurar calidad y focalizar recursos donde el impacto productivo es mayor.
Nada de esto requiere grandes reformas estructurales ni largos plazos legislativos. Requiere coordinación, foco en resultados y continuidad en el tiempo. Si Chile quiere enfrentar con éxito los desafíos tecnológicos de 2026 y los años siguientes, el capital humano digital debe dejar de ser una promesa recurrente y transformarse en una prioridad concreta de política pública y acción empresarial. La productividad del país depende de ello.
Por Luz María García, gerenta general de ACTI
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