Sr. Director: En Chile, la protección de los datos personales suele pasar inadvertida, hasta que una filtración, fraude o una crisis nos obliga a reaccionar. Solo entonces tomamos conciencia de que nuestra información circula sin resguardos suficientes, incluso cuando estamos a pocos meses de que entre en vigencia la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
El país avanza en digitalización del Estado, de los servicios financieros, de la salud y del comercio, lo que implica un uso intensivo de información personal. Sin estándares tangibles de gobernanza, seguridad y responsabilidad, ese proceso expone a personas y organizaciones a riesgos crecientes y sofisticados. La nueva institucionalidad en esta materia es un paso crucial, pero insuficiente si no va acompañada de capacidades técnicas, inversión y una mirada estratégica que entienda los datos como un activo crítico.
Ahora, la pregunta ya no es si los datos seguirán circulando (eso ya es un hecho), sino si nuestro país está realmente dispuesto a asumir la protección de los datos personales como una responsabilidad permanente para el desarrollo digital, o si seguirá reaccionando solo cuando la confianza ya se ha perdido.
Luz María García, gerenta general de ACTI
