Lo que hoy ocurre en Zona Franca de Iquique S.A. no es una diferencia de opinión empresarial ni una discusión técnica entre abogados. Es algo mucho más serio: la adopción consciente de un acuerdo jurídicamente ilegal, que amenaza con arrastrar a toda la Región de Tarapacá a un escenario de incertidumbre, pérdida de valor, deterioro institucional y riesgos que van mucho más allá de lo económico.
El Directorio de ZOFRI ha pretendido anticipar y condicionar la renovación de una concesión estatal mediante un acuerdo interno. En un Estado de Derecho, eso simplemente no se puede hacer. Las concesiones, los privilegios económicos y los regímenes especiales están sujetos a la Constitución, a la ley y a procedimientos estatales estrictos. No dependen de la voluntad de un Directorio ni de una Junta de Accionistas. Cuando se cruza esa línea, no estamos frente a una interpretación audaz: estamos frente a una ilegalidad.
Lo más grave es que esta ilegalidad no es inocente ni ingenua. Se ha intentado justificar recurriendo a dictámenes administrativos que, leídos correctamente, no autorizan nada de lo que se pretende. Usarlos como respaldo es torcer su sentido y convertirlos en una cobertura aparente de legalidad. Ese gesto revela algo inquietante: el problema no es la ignorancia, sino la falta de probidad. Porque la probidad no consiste solo en no robar; consiste en respetar los límites del poder que se ejerce, especialmente cuando están en juego intereses públicos.
Y aquí los intereses públicos son enormes. La Zona Franca no es una empresa más. Es uno de los pilares económicos de Tarapacá. Sostiene empleo, comercio, logística, encadenamientos productivos y actividad regional. Introducir deliberadamente un conflicto jurídico de esta magnitud equivale a sembrar una bomba de tiempo bajo la economía regional. La incertidumbre espanta inversión, empuja a los usuarios a buscar otros destinos y deja a miles de trabajadores en una situación de vulnerabilidad que nadie parece estar dispuesto a asumir públicamente.
Algunos dirán que exagerar los efectos es alarmismo. Pero la experiencia demuestra lo contrario: cuando una concesión estratégica entra en disputa, el Estado no la protege por inercia. La revisa, la cuestiona, la rediseña o, derechamente, la termina. Y cuando eso ocurre, los costos nunca los pagan los directores que tomaron la decisión desde una sala de reuniones; los pagan las regiones, los trabajadores y los pequeños actores económicos.
Hay, además, un ángulo del que se habla poco y que debería preocuparnos mucho más: la seguridad. Las zonas francas son infraestructuras sensibles, reconocidas internacionalmente como espacios de alto riesgo cuando sus controles se debilitan. Funcionan bien cuando existe autoridad institucional fuerte, legitimidad y cooperación estrecha con el Estado. Pero cuando la administración queda jurídicamente cuestionada, distraída en su propia defensa y enfrentada al aparato público, se abren brechas. Y esas brechas son el hábitat natural del contrabando, del lavado de activos y del crimen organizado.
No se necesita corrupción explícita para que eso ocurra. Basta la debilidad institucional. Un administrador que pierde legitimidad pierde también capacidad real de control. Y una Zona Franca debilitada no solo pierde valor económico: pierde seguridad. En una región fronteriza como Tarapacá, mirar este riesgo con liviandad es, sencillamente, irresponsable.
La discusión, entonces, no es solo jurídica ni empresarial. Es ética, regional y estratégica. Quienes hoy promueven y eventualmente aprueban este acuerdo no pueden alegar desconocimiento. Han sido advertidos. Saben que no tienen competencia. Saben que están forzando los márgenes de la legalidad. Saben que los riesgos existen. Aun así, avanzan.
Por eso es importante decirlo sin rodeos: cada voto favorable a este acuerdo es una decisión personal con consecuencias públicas. La mayoría no limpia la ilegalidad. La disciplina societaria no exime responsabilidad. Y el silencio cómodo tampoco. Las actas quedan. Las advertencias quedan. Y cuando vengan las consecuencias —económicas, institucionales o incluso penales—, nadie podrá decir que no lo sabía.
Tarapacá merece algo mejor que este juego peligroso. Merece que una política pública clave se defienda con legalidad, transparencia y responsabilidad. Si el futuro de la Zona Franca debe discutirse, que se haga por las vías correctas: ley, licitación, debate público. La ilegalidad nunca ha sido un buen atajo. Menos aún cuando lo que está en juego es el desarrollo, la seguridad y la dignidad de una región completa.
Respetar la ley hoy no es un obstáculo. Es la única forma de proteger a Tarapacá hoy.
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*Patricio Sesnich Stewart fue presidente del Directorio de Zofri S.A. en abril de 2014, siendo ratificado en el cargo durante los años siguientes hasta 2016, donde presentó su renuncia. Previamente, fue director (2002-2010) y vicepresidente de la misma entidad (2006-2010).
