La consejera regional y presidenta de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Lorena Ventura, salió al paso de las informaciones difundidas en redes sociales respecto a la continuidad operativa de los buses eléctricos en el sector norte de la ciudad, desmintiendo las declaraciones del diputado Luis Malla, quien atribuyó la solución provisoria del servicio a una campaña de recolección de firmas impulsada por su equipo.
Ventura fue enfática en señalar que la mantención del servicio no guarda relación con dicha iniciativa ciudadana, sino con un trabajo previo y coordinado entre la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, la empresa operadora y el propio Consejo Regional.
“Quisiera hacer un desmentido respecto a las declaraciones del diputado Malla, quien señala que gracias a las firmas reunidas y al estand instalado durante esta semana se logró evitar que la empresa ETRAPAS dejara de funcionar y, de esa forma, mantener los beneficios para la comunidad del sector norte. Eso no es así”, afirmó la consejera.
La autoridad regional explicó que, desde hace semanas, el seremi de Transportes mantenía conversaciones con representantes de la empresa, encabezados por Matías del Fierro y sus asociados, abordando alternativas para asegurar la continuidad del servicio dentro del marco legal vigente.
“Ya se habían desarrollado múltiples conversaciones entre la autoridad de Transportes y la empresa. Ellos saben que, de paralizar sus operaciones, deben devolver las máquinas, por lo que no pueden incumplir la normativa. Es importante que la ciudadanía conozca estos antecedentes”, sostuvo.
Ventura agregó que la continuidad de los buses eléctricos responde al trabajo técnico y administrativo que desarrolla el Ministerio de Transportes con la empresa operadora, contando además con el respaldo permanente del Consejo Regional.
“No es que gracias a las firmas se haya generado una decisión por parte del Gobierno o del Consejo Regional para que las micros salgan a operar. Esto responde a un trabajo serio que está realizando el seremi junto a la empresa y que cuenta con el apoyo del Consejo Regional”, precisó.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Infraestructura recordó que la responsabilidad contractual recae en la empresa privada que administra el servicio de buses, que es SOTRANSEL S.A. -dependiente de su matriz ETRAPAS-, la cual debe cumplir un período de 48 meses de operación antes de adquirir la propiedad definitiva de los vehículos.
Asimismo, explicó que el Gobierno Regional financió el 70% del valor de cada una de las 12 unidades eléctricas actualmente en funcionamiento. Sin embargo, la empresa ha planteado la posibilidad de recibir recursos adicionales por cada bus, situación que, según Ventura, no es viable.
“El Gobierno Regional no puede entregar de manera unilateral 3 millones y medio de pesos por cada una de estas 12 micros, porque ello implicaría aplicar el mismo criterio a toda la flota de transporte de la ciudad. Aquí existe una responsabilidad empresarial que debe cumplirse conforme a los compromisos adquiridos y a los 48 meses establecidos en el proyecto”, concluyó.
