(Consignado por Ex Ante).- Junto a un equipo multidisciplinario de Hacienda, el ministro Jorge Quiroz y el subsecretario Rodríguez encabezan el análisis de una iniciativa para agilizar el acceso a información bancaria en investigaciones de crimen organizado y lavado de activos. Aún no se define si ingresarán una indicación o habrá un nuevo proyecto de ley.
Qué sucedió. La Operación Tokyo, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de US$80 millones en Chile, volvió a instalar en la agenda política y económica la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario.
- El tema escaló esta semana hasta el edificio de Teatinos 120. Tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Jorge Quiroz adelantó que la cartera comenzó a trabajar en una iniciativa legislativa para revisar la forma en que el Estado puede acceder a información bancaria en investigaciones vinculadas a economías ilícitas.
- “Este tema nos interesa especialmente en Hacienda”, señaló Quiroz, aludiendo al levantamiento del secreto bancario.
- Hacienda no está disponible para que la apertura de cuentas o el acceso a antecedentes bancarios quede entregado a una decisión administrativa. Por años algunos expertos han afirmado que una decisión de esa naturaleza puede terminar en discrecionalidades y abusos en esta problemática.
- “En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, dijo Quiroz.
El equipo que trabaja en Hacienda. Según conocedores del trabajo que se está desarrollando en Teatinos 120, el análisis está siendo encabezado por el propio ministro Quiroz y por el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.
- Ambos han conformado un grupo multidisciplinario en el que participan el coordinador de Políticas Tributarias, Sebastián Vallebona; el coordinador de Servicios Relacionados, José Enrique Estay; y la coordinadora legislativa, Bárbara Bayolo.
- La composición del equipo revela el tipo de problema que enfrenta Hacienda. No se trata solo de una discusión tributaria ni exclusivamente penal. El diseño debe cruzar aspectos de persecución del lavado de activos, regulación financiera, atribuciones de organismos públicos, resguardos judiciales y viabilidad legislativa.
- En ese marco, uno de los puntos que se está revisando es la necesidad de consultar a organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dos instituciones clave en cualquier arquitectura de acceso, análisis y supervisión de información financiera.
La vía legislativa aún no está cerrada. En Hacienda se recalca que el trabajo está en etapa de análisis y que todavía no existe una definición sobre el camino legislativo.
- Una alternativa que se evalúa es presentar una indicación al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado, iniciativa que se encuentra en tramitación en el Congreso.
- La otra opción es ingresar un nuevo proyecto de ley, separado de esa discusión, que aborde específicamente el levantamiento del secreto bancario y sus condiciones.
- De acuerdo a los expertos consultados ingresar una indicación permitiría enganchar la discusión con una iniciativa que ya está vinculada al combate al crimen organizado y al seguimiento de la ruta del dinero. Pero también podría reabrir las diferencias que ya se han producido en el Parlamento respecto de si la UAF puede o no acceder a información bancaria sin autorización judicial previa.
- Un nuevo proyecto, en cambio, daría más espacio para ordenar la propuesta, delimitar mejor sus alcances y construir un diseño propio. Pero también implicaría abrir otra tramitación y enfrentar desde cero una discusión políticamente compleja.
Rapidez versus garantías. El debate de fondo señalan los expertos no está en si el Estado puede acceder a información bancaria en ciertos casos. La legislación ya contempla vías para hacerlo bajo determinadas condiciones. La discusión está en cómo hacer ese procedimiento más eficaz frente a delitos complejos, sin debilitar las garantías de privacidad y debido proceso.
- En investigaciones de crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, corrupción o delitos económicos, el acceso a información financiera puede ser decisivo para seguir la ruta del dinero. Movimientos bancarios, transferencias, depósitos, cuentas receptoras y vínculos entre sociedades pueden ayudar a reconstruir cómo opera una red criminal y cómo intenta introducir recursos ilícitos en el sistema formal.
- Ese es precisamente el punto que volvió a quedar en evidencia con la Operación Tokyo. Según los antecedentes conocidos, la investigación indaga el uso de cuentas y mecanismos financieros formales para mover recursos vinculados a actividades ilícitas.
- Por eso Quiroz ha insistido en que el eventual levantamiento del secreto bancario debe mantenerse bajo el ámbito del Poder Judicial. La señal busca diferenciar la propuesta que trabaja el Gobierno de fórmulas que entregan mayores atribuciones administrativas a organismos como la UAF.
La señal de Quiroz. El gobierno de Kast ha puesto el combate al crimen organizado y a la economía ilícita como uno de sus ejes, pero enfrenta el desafío de traducir esa agenda en herramientas institucionales que puedan ser aprobadas en el Congreso.
- Hacienda busca instalar que el secreto bancario no solo es un tema de persecución penal, sino también económico.
- La economía ilícita —ha dicho Quiroz— genera competencia desleal, distorsiona mercados y afecta a quienes operan dentro de la legalidad.
- Con ese enfoque Hacienda ha conectado el debate con su propia agenda: fortalecer la formalidad, perseguir flujos ilegales y cerrar espacios para que organizaciones criminales usen el sistema financiero.
