La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast generó, como era esperable, apoyos y críticas. Pero más allá del ruido político, las encuestas posteriores dejaron una señal que merece atención: los chilenos siguen priorizando exactamente lo mismo que priorizaban cuando votaron. Según Cadem, seguridad y economía fueron los temas más identificados por la ciudadanía en el discurso. El Panel Ciudadano UDD mostró que un 69% sigue creyendo que no hay mejor política social que el empleo.
Eso no es un dato menor. Significa que la ciudadanía no ha renunciado a sus aspiraciones, pero sí ha aprendido a desconfiar de quienes prometen satisfacerlas. El mandato está claro. Lo que todavía no está claro es si el gobierno tiene la capacidad de traducirlo en resultados concretos, especialmente en regiones como la nuestra.
Porque mientras se debatía la Cuenta Pública, el Banco Central informaba una caída del 1,2% en el Imacec de abril, completando cuatro meses consecutivos de debilidad económica. La OCDE recortó sus proyecciones de crecimiento para Chile. Y diversos organismos internacionales insistieron en que Chile necesita acelerar la inversión si quiere recuperar dinamismo. No son señales menores. Son el contexto real en que este gobierno tiene que demostrar que el diagnóstico correcto se puede transformar en resultados concretos.
Ahí está la tensión que la Cuenta Pública no resolvió.
Un gobierno puede tener razón en todo lo que dice y aun así perder si no logra que la economía responda. La ciudadanía que respaldó a Kast no votó por un diagnóstico. Votó por resultados. Y hoy esos resultados están tardando más de lo que la paciencia ciudadana puede sostener indefinidamente. Las mismas encuestas que muestran respaldo a las prioridades del gobierno también muestran una ciudadanía que observa con atención y que aprendió, en los últimos años, a desconfiar de quienes prometen sin cumplir.
Por eso las urgencias del gobierno no son opcionales ni graduables. Destrabar la inversión privada, reducir los plazos de aprobación de proyectos, entregar certeza jurídica real y generar las condiciones para que el empleo formal crezca no son reformas de largo plazo. Son las condiciones mínimas para que la economía empiece a responder antes de que el capital político de este gobierno se agote.
En Tarapacá esa urgencia tiene un rostro concreto: 19.681 personas buscando trabajo hoy. Una región con minería de escala mundial, la ZOFRI, un puerto estratégico y el Corredor Bioceánico como oportunidad histórica, que todavía no logra convertir plenamente sus ventajas en empleo y crecimiento para su gente. Si el gobierno logra que las condiciones cambien, Tarapacá puede ser de las primeras regiones en responder. Si no lo logra, será también de las primeras en sentirlo.
La Cuenta Pública dejó claro que este gobierno sabe lo que Chile necesita. Lo que viene ahora es más exigente y menos discursivo: ejecutar, destrabar y decidir. Porque la discusión ya no es cuáles son las prioridades del país. La discusión es si existe la capacidad política y técnica para convertirlas en resultados.
Los tarapaqueños siguen queriendo progresar. Siguen creyendo en el trabajo, en el emprendimiento y en la posibilidad de que sus hijos vivan mejor que ellos.
Lo que esperan ahora no son más diagnósticos.
Esperan resultados.
Porque para las 19.681 personas que hoy buscan empleo en nuestra región, el crecimiento económico no es una discusión ideológica.
Es una oportunidad.
Y las oportunidades, a diferencia de los discursos, tienen fecha de vencimiento.
*René Ávila Álvarez
Ingeniero Comercial, MBA, Magíster en Comunicación Estratégica y Fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo de Tarapacá (CEDET).
