Actualmente existen tratamientos cuyo costo puede alcanzar decenas o incluso cientos de millones de pesos por paciente al año. Frente a recursos sanitarios limitados, surge una interrogante compleja: ¿es sostenible financiar todas las terapias disponibles para todos los pacientes que las requieren? La respuesta no es sencilla, ya que involucra aspectos clínicos, económicos y éticos.
Por una parte, negar el acceso a tratamientos eficaces puede significar privar a las personas de oportunidades reales de mejorar o prolongar su vida. Por otra, la incorporación indiscriminada de tecnologías de alto costo puede comprometer la sostenibilidad del sistema y reducir los recursos disponibles para otras prestaciones que benefician a un mayor número de pacientes.
En Chile, la Ley Ricarte Soto ha representado un avance significativo al garantizar cobertura financiera para determinadas enfermedades de alto costo, disminuyendo el impacto económico sobre las familias y promoviendo mayor equidad en el acceso. No obstante, el constante surgimiento de nuevas terapias y el aumento de sus precios plantean desafíos crecientes para la actualización y financiamiento del programa.
Por ello, resulta fundamental fortalecer los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, priorizando tratamientos que demuestren beneficios clínicos relevantes y una adecuada relación costo-efectividad. El desafío futuro será encontrar un equilibrio entre innovación, acceso oportuno y sostenibilidad financiera, garantizando que los avances médicos puedan beneficiar a la población sin comprometer la viabilidad del sistema de salud.
Francisco Álvarez, Académico Química y Farmacia Universidad Andrés Bello
