–Hecho ocurrido luego de que el pleno determinara remover a 11 jueces por mal uso de licencias médicas.
Un total de 11 jueces determinó remover el pleno de la Corte Suprema este viernes, en votación dividida, a raíz de que salieron del país estando con licencia médica. Si bien inicialmente se abrieron 58 cuadernos de remoción, la cifra se redujo a 37. Así, respecto a 26 jueces se rechazó removerlos, mientras los 11 quedaron suspendidos a la espera de que la resolución se dice y quede ejecutoriada.
El proceso fue abierto el pasado 6 de junio, impulsada principalmente por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. En la oportunidad, y en votación dividida, se dispuso la apertura de los cuadernos, periodo que contempló que los jueces pudieran hacer sus descargos y acompañar con los antecedentes que consideraran pertinentes. «La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura», dijo Chevesich, quien asumió en el cargo el pasado 6 de enero y ha tenido una postura abiertamente crítica a casos de corrupción en el Poder Judicial y de acciones que dañen la credibilidad y confianza de la ciudadanía.
La señal del Poder Judicial
En conversación con Emol, Luis Palacios, abogado de Derecho Constitucional de la USS Valdivia, plantea que lo ocurrido con las remociones «es una señal institucional necesaria de que la función judicial está sometida a deberes especialmente exigentes de probidad».
«La independencia judicial no constituye una forma de inmunidad frente a las responsabilidades administrativas ni autoriza privilegios incompatibles con el servicio público. La firmeza institucional debe coexistir con el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones. La recuperación de la confianza ciudadana dependerá ahora de que esos criterios sean transparentes, coherentes y aplicados de la misma manera en todos los niveles del Poder Judicial», subraya. Por su parte, Ángela Arenas Massa, profesora titular de la Facultad de Derecho U. Finis Terrae, plantea que se trató más bien de «una señal ambivalente». «Once remociones en un solo proceso es históricamente inédito y demuestra que sí era posible actuar con firmeza cuando la Corte Suprema ejercía directamente su potestad disciplinaria. Pero el mismo resultado revela el problema de fondo: ante conductas fácticamente similares, el pleno llegó a conclusiones radicalmente distintas», comenta. En ese sentido, enfatiza que «once removidos, quince rechazados por mayoría, siete sin quórum y cuatro empates, no es coherencia institucional, es discrecionalidad. Mientras no exista un protocolo único que gradúe las sanciones según la gravedad real de cada caso, el árbitro seguirá siendo la composición circunstancial del pleno, no la regla. Es un avance real, pero no un punto de llegada», subrayó.
Liderazgo de Chevesich
Al ser consultados por en qué pie queda el liderazgo de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, hay consenso en que está en buen pie, con una conducción enfocada a la probidad. «Ella impulsó que estos antecedentes fueran examinados por el pleno y asumió el costo de enfrentar una situación especialmente delicada para la propia judicatura. El resultado le permite proyectar una conducción asociada con la probidad, la rendición de cuentas y la recuperación de la confianza institucional», sostuvo Palacios.
Agrega que su desafío «será mantener esa firmeza con criterios uniformes y promover medidas preventivas y mejores controles, para que la reacción frente a las irregularidades se transforme en una política institucional duradera». Para Arenas, el liderazgo de Chevesich queda «consolidado» tras este proceso. «Fue ella quien amplió el plazo de prescripción a cinco años, quien condujo cuatro sesiones de alta tensión y quien logró lo que nadie había conseguido antes: once remociones en un proceso único. Su propia votación lo dice todo: no fue a maximizar sanciones, sino a aplicar un criterio coherente caso a caso». No obstante, enfatiza que «el matiz que le resta brillo es el conflicto con el Tribunal Constitucional, que mantiene suspendidos trece expedientes, entre ellos los más emblemáticos. Si el TC termina anulando remociones, la señal institucional se debilita. Y ahí aparece el límite de todo liderazgo personal: sin reglas escritas y estables, el proceso siguiente dependerá de quién presida la Corte, no de una norma clara». (Consignado por emol.com)
