(Consignado por EX ANTE).- El proyecto en la faena minera El Abra, ligado a Freeport-McMoRan y Codelco, pidió suspender su evaluación ambiental hasta mayo de 2027 para poder responder las casi 2 mil exigencias de organismos públicos y observaciones ciudadanas. Se trata de una iniciativa que contempla una inversión de US$ 7.500 millones y es la mayor inversión desde que Kast llegó a La Moneda.
Qué observar. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió suspender el plazo de tramitación del proyecto llamado “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada” hasta el 17 de diciembre de 2026.
- La decisión se produce luego de que el titular del proyecto solicitara este lunes suspender la tramitación ambiental hasta el 28 de mayo de 2027, con el fin de contar con más tiempo para responder las 1.894 exigencias emitidas por organismos públicos y los 738 cuestionamientos presentados por la ciudadanía.
- Sin embargo, el SEA apuntó que “el plazo solicitado excede el tiempo que razonablemente se estima necesario para abordar las actividades señaladas por la compañía, considerando que algunas de ellas pueden desarrollarse de manera paralela”.
- El proyecto retomará su tramitación el 17 de diciembre o cuando la compañía presente las respuestas a las diversas exigencias.
- La iniciativa, que cuenta con una inversión estimada de US$ 7.500 millones, es el mayor proyecto de inversión ingresado al SEA durante el gobierno de José Antonio Kast.
Las razones de la suspensión. La empresa argumenta que necesita más plazo porque las observaciones de los organismos públicos implican cambios de ingeniería, actualización de permisos ambientales y una nueva revisión de los impactos ambientales antes de entregar el documento Adenda, que consolida las respuestas a las entidades.
Qué observar. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió suspender el plazo de tramitación del proyecto llamado “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada” hasta el 17 de diciembre de 2026.
- La decisión se produce luego de que el titular del proyecto solicitara este lunes suspender la tramitación ambiental hasta el 28 de mayo de 2027, con el fin de contar con más tiempo para responder las 1.894 exigencias emitidas por organismos públicos y los 738 cuestionamientos presentados por la ciudadanía.
- Sin embargo, el SEA apuntó que “el plazo solicitado excede el tiempo que razonablemente se estima necesario para abordar las actividades señaladas por la compañía, considerando que algunas de ellas pueden desarrollarse de manera paralela”.
- El proyecto retomará su tramitación el 17 de diciembre o cuando la compañía presente las respuestas a las diversas exigencias.
- La iniciativa, que cuenta con una inversión estimada de US$ 7.500 millones, es el mayor proyecto de inversión ingresado al SEA durante el gobierno de José Antonio Kast.
Las razones de la suspensión. La empresa argumenta que necesita más plazo porque las observaciones de los organismos públicos implican cambios de ingeniería, actualización de permisos ambientales y una nueva revisión de los impactos ambientales antes de entregar el documento Adenda, que consolida las respuestas a las entidades.
- El titular también detalla que necesita más tiempo para recopilar información sobre las comunidades indígenas y el borde costero. El análisis apunta a revisar cómo el proyecto afecta a las comunidades de la zona.
- La firma también dijo que necesita más tiempo para revisar las observaciones de la ciudadanía y preparar las respuestas, “incorporando los antecedentes técnicos para responderlas de manera fundamentada”.
- En agosto, el proyecto recibió 738 observaciones ciudadanas a través de un documento de 955 páginas. Los cuestionamientos apuntan a la presunta afectación del río Loa y el Salar de Ascotán.
- Las exigencias ciudadanas también se refieren a los impactos en el roedor llamado chinchilla de cola corta, las vizcachas y los caracoles presentes en el salar.
Exigencias de organismos. El proyecto recibió a mediados de junio el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), que contenía cerca de 1.156 exigencias de organismos públicos.
- En el texto, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) solicitó al titular justificar la captura y relocalización para la especie vizcacha montañera, “considerando la eficiencia de la acción y el estrés que genera a los individuos”.
- El organismo público también cuestionó el estudio inicial realizado por la empresa sobre la chinchilla y pidió reevaluar dos impactos que provocaría el proyecto sobre el roedor:
- El primero corresponde a la pérdida de hábitat de la especie por la construcción de obras, mientras que el segundo se refiere a la pérdida de sus madrigueras, incluyendo una cuantificación de las pérdidas.
- La solicitud exige actualizar los antecedentes utilizados y cuantificar con mayor precisión cuánto territorio y cuántos refugios serían afectados, para así determinar de mejor manera la magnitud real del impacto sobre la chinchilla.
- El SAG también solicitó cuantificar y analizar la afectación del arbusto endémico conocido como tomatillo del desierto y el efecto que podría provocar para la población de la chinchilla.
- La Corporación Nacional Forestal (Conaf) le solicitó al titular efectuar un detallado microrruteo en una franja comprendida entre los 500 y 700 metros de altitud para detectar individuos de Eriosyce laui -un cactus enano endémico chileno-.
El proyecto. La iniciativa permitirá extender la vida útil de la faena minera El Abra en 40 años e incrementar la producción de cobre.
- El proyecto, que se encuentra en la región de Antofagasta, considera el desarrollo de una planta concentradora, una desalinizadora para uso industrial y un sistema de impulsión de agua.
El operador del proyecto es la estadounidense Freeport-McMoRan, dueña del 51%, mientras que Codelco posee el 49% restante.De acuerdo con la firma, durante la etapa de construcción el proyecto alcanzaría aproximadamente 20 mil empleos, y una vez finalizado sumaría alrededor de 2.300 trabajadores directos, además de un número similar de contratistas.
