Para una familia, perder el trabajo cambia todas las prioridades. Lo que ayer podía esperar se vuelve urgente y cada peso disponible adquiere otro valor.
Con una región ocurre algo parecido.
Chile iniciará la discusión del Presupuesto 2027 con estrechez fiscal y un mercado laboral debilitado. A nivel nacional, la desocupación llegó a 9,5% en mayo-julio. En Tarapacá bajó a 7,8%, pero todavía hay 16.834 personas desocupadas. En el mismo trimestre, la informalidad alcanzó 29,5% y la ocupación minera cayó 30,7% en doce meses.
Por eso, la pregunta no debería ser solamente cuánto presupuesto recibirá Tarapacá.
Debería ser otra:
¿Cuánto de esos recursos puede convertirse en inversión, actividad económica y empleo?
Esta semana participé, como director de la Cámara de Industria de Alto Hospicio, en la Mesa Regional por el Empleo durante la visita del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende.
La estrategia había partido con una meta de mil nuevos puestos de trabajo. El balance de esta semana no admite sumas apresuradas: SENCE registró 2.742 colocaciones; existen además 471 nuevos contratos en proceso de postulación mediante el Subsidio a la Contratación y se gestionaron 2.050 vacantes en la Feria Laboral CIMIT.
No son cifras que deban sumarse como si todas representaran empleos ya creados. Sí muestran una capacidad de intermediación y coordinación que está funcionando.
Y esa capacidad será especialmente importante ahora.
Los gobiernos regionales han advertido sobre una propuesta preliminar de Hacienda que reduciría alrededor de 7% sus recursos para 2027. Hacienda ha señalado, entre sus antecedentes, una subejecución presupuestaria cercana al 20% durante 2025; los gobernadores cuestionan esa lectura y sostienen que, medida sobre el presupuesto vigente, alcanzó aproximadamente 4,1%.
Tarapacá ayuda a entender por qué existen números diferentes.
Según Dipres, el programa de inversión regional comenzó 2025 con $75.784 millones. Después de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año, terminó con $52.742 millones vigentes y ejecutó $52.321 millones: 99,2% de lo disponible al cierre.
Presupuesto inicial, presupuesto vigente y ejecución no son lo mismo. Por eso sería impreciso afirmar simplemente que un eventual ajuste para Tarapacá corresponde a recursos que la región “no gastó”.
Pero tampoco podemos quedarnos atrapados en la contabilidad.
Lo importante es qué hacemos con los recursos disponibles.
Un buen ejemplo es el plan especial de conservación de calzadas impulsado por el Gobierno Regional y Serviu. Se destinaron cerca de $6 mil millones en su primera etapa y el CORE aprobó otros $17.650 millones para intervenir 26 calles del sector sur de Iquique. Son más de $23 mil millones destinados a recuperar conectividad urbana.
Una obra así no es solamente pavimento. Durante su ejecución moviliza trabajadores, empresas, transporte, materiales y servicios. Después deja una ciudad mejor conectada y mejores condiciones para la actividad económica.
Esa es la cadena que deberíamos buscar:
inversión que resuelve problemas, mueve actividad y abre oportunidades de trabajo.
Aquí importan especialmente el gobernador regional y el Consejo Regional.
La ley ya le pide al gobernador considerar la creación de empleo al formular las políticas de desarrollo regional, además de proponer la inversión y someter el presupuesto al CORE. El Consejo, a su vez, aprueba el presupuesto y define prioridades. No es un favor: forma parte de su responsabilidad institucional.
Dicho simplemente:
Santiago determina buena parte del tamaño de la cancha, pero Tarapacá también decide sus prioridades dentro de ella.
Y cuando los recursos son escasos, elegir bien se vuelve fundamental.
Eso no significa defender cada peso ni aprobar cualquier iniciativa porque prometa empleo. Significa exigir proyectos maduros, capaces de ejecutarse, incorporar proveedores regionales, movilizar trabajo local y, cuando sea posible, destrabar inversión privada.
Hacienda debe cuidar las cuentas fiscales. El Gobierno Regional debe demostrar capacidad de ejecución. El CORE debe priorizar y fiscalizar. Los ministerios y municipios deben acelerar sus proyectos. Y las empresas debemos invertir, crecer y contratar.
Porque detrás de porcentajes, glosas y miles de millones existe algo mucho más concreto:
hay personas buscando trabajo.
Tarapacá tendrá muchas necesidades que atender.
Pero primero, el empleo.
*René Ávila Álvarez es ingeniero comercial, Fundador de CEDET Tarapacá y Director de la Cámara de Industria de Alto Hospicio (CIAH)
