Señor Director: Hace pocas semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) liberó un informe sobre los medicamentos y cómo estos se organizan en nuestro país, desde su perspectiva económica de competencia.
Ellos a su vez tienen la potestad de “ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere la letra anterior”.
En pocas palabras, en los casos de colusión de farmacias, pollos, papeles y otras, la Fiscalía tiene una herramienta poderosa que no ha utilizado. Nosotros como químicos farmacéuticos hemos tenido que pagar, durante años, los pecados de un puñado de empresarios sin ética (pese a las clases), dando la cara a la gente tratando de explicar algo inexplicable.
En múltiples ocasiones, se ha utilizado esta frase para delinear una institución o política pública que pese a sus intenciones o misión entregada no puede cumplir por falta de herramientas administrativas o legales. Es así, como en el tiempo se ha minado la fe pública en instituciones tales como el SERNAC, Servicio de Impuestos Internos, entre otras. Una parte del clamor por una Nueva Constitución emana de la esperanza de cambiar esas reglas del juego.
Sin embargo, el problema es más complejo cuando las herramientas existen y se elige voluntariamente no utilizarlas. Todos sabemos que las leyes son por todos conocidas una vez publicadas, pero cuando uno, desde la ciudadanía, pregunta por los criterios para no utilizar alguna herramienta, las respuestas se diluyen en la voluntad política.
Es nuestro deber ciudadano y, desde la academia, preguntar estos criterios y propender hacia una ciudadanía más madura.
Jorge Cienfuegos Silva
Académico Escuela Química y Farmacia UNAB
