La libertad condicional a prisioneros que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, recientemente ha tomado fuerza inusitada en la opinión pública, a raíz de las sentencias de la Sala penal de la Corte Suprema, donde el 30 de julio recién pasado otorgó a cinco reos este beneficio de la libertad a quienes cumplían condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco y Colina 1.
Antes de entrar en materia, la ciudadanía en general tiene una pésima percepción del trabajo que hace la Justicia en materia de aplicar sanciones ejemplificadoras a quienes infringen la ley, que cometen reiterados delitos o crímenes de alta connotación pública. Entonces, circula la opinión generalizada que, en los tribunales se aplica la ley “de la puerta giratoria”. Sin embargo, contrario a estos juicios de la gente común, las estadísticas nos revelan otra lectura de la verdad del trabajo que realizan los Jueces, siendo Chile uno de los países en Latinoamérica con más reos en las cárceles.
En esta línea de razonamiento, en tanto, los sectores políticos que hoy representa la oposición y familiares de detenidos desparecidos sienten legítimamente que los Jueces que apoyaron el beneficio de la libertad condicional, actuaron más por convicciones ideológicas que por razones jurídicas, especialmente, que se ignoró el orden internacional sobre esta materia, a la cual Chile está adscrito. Como consecuencia de esta causa, los parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados presentarán la próxima semana una Acusación Constitucional para destituir a los Jueces que otorgaron el citado beneficio.
En tal sentido, los magistrados alineados favorablemente con este fallo se defienden sosteniendo que, con esta Acusación Constitucional, existe una evidente intervención política de un poder del estado con otro. Prosigamos, una vez materializada esta acción parlamentaria, entonces, la sentencia sobre los Jueces dependerá del poder Legislativo. Ciertamente, veremos que los Supremos ahora dependen de otro fallo que estará supeditado a la clase política y a la descarnada politización partidista. El éxito o fracaso de esta Acusación Constitucional más allá de los fundamentos principales y de acaloradas intervenciones, según se deduce a los cálculos de la voluntad política de los mismos parlamentarios, oficialistas y de oposición.
Hasta el momento no existe nada nuevo bajo el sol. Tampoco, me preocupa el tecnicismo jurídico, mucho menos las razones concretas, positivas o negativas del curso de esta Acusación Constitucional. De hecho, son los propios abogados especialistas en estos temas, los que deben deliberar sobre estos asuntos legales de importancia nacional.
Cierto es, desde luego, que no exista impunidad. Tampoco impere el otro extremo. Los DD.HH., toman relevancia y la ejecución de las sentencias realmente, según el proceso y de casos que continúan abiertos por falta de colaboración. Además, si tenemos presente que muchos de los familiares han muerto esperando justicia, entonces, a mi humilde parecer, la Justicia después de los años no puede ser una vía crucis para los DD.HH.
Desde luego, la mano dura que se le exige a los Jueces, no es para que hagan vista gorda de los reos que por enfermedades terminales y salud extremadamente grave, a punto de fenecer, en estos casos afectos a crímenes de lesa humanidad; es recomendable y se requiere brindar todos los medios humanitarios esenciales a la naturaleza de cualquier persona. Si ello implica hacer una salvedad excepcional, desde mi punto de vista, es absolutamente digno de un Tribunal de Justicia. No vale la pena alegar más diagnósticos.
Finalmente, en la exigencia de mano dura hasta morir en la cárcel versus derechos de humanidad, pasando a la terminología del pensamiento fundamentalista no existe el ideal perfecto, sin embargo, hay que darles la debida importancia a los ideales perfectos, donde, las realidades son complejas. En este sentido, el Congreso debiera ir por este camino sin caer en los errores del pasado.
Nelson C. Mondaca Ijalba
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