Desilusión causó entre pescadores artesanales el comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público anunciando la decisión de la Fiscalía Regional del BioBío de no perseverar en la causa ASIPES, que había imputado a la senadora Jacqueline van Rysselberghe y otros parlamentarios de la región, por presuntos delitos de cohecho y fraude al Fisco.
“En la investigación por el denominado caso ASIPES, la Fiscalía del Biobío ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud para que se programe una audiencia de sobreseimiento y decisión de no perseverar en la mencionada causa. Los argumentos jurídicos para esta determinación serán expuestos en la instancia judicial, en la fecha y hora que, próximamente, agende el tribunal”, dijeron los dirigentes del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP).
Su presidente Hernán Cortés agregó: “Confirma el manto oscuro que rodea este y otros casos de investigación de posibles delitos asociados a temas pesqueros y la posible comisión de actos poco transparentes de platas, posiblemente ligadas a algunos legisladores para favorecer la Ley de Pesca”.
La senadora había tenido que declarar ante la Fiscalía, como imputada, por una serie de correos que intercambió en 2014 con el expresidente de ASIPES, Luis Felipe Moncada, donde se muestran las votaciones de la parlamentaria en relación a legislación sobre temas pesqueros.
La actual presidenta de la UDI, cuando presidía la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, siempre negó haber recibido órdenes del dirigente gremial, Luis Felipe Moncada: “Respecto de la forma de pedir las cosas, Luis Felipe, como lo conozco de hace años, es la forma en que se comunica; es así, pero no significa que esté dando una orden, sino que es su forma de hablar en todo… Yo se lo representaba cuando no coincidía con él”, dijo Cortés.
Según sus propias palabras: “Los pescadores artesanales hemos tenido evidencias, existentes en la Fiscalía, de cómo los industriales pesqueros financiaron a parlamentarios durante la tramitación de Ley General de Pesca y Acuicultura para lograr que ellos obtuvieran cuotas equivalentes al 70% de la pesca en comparación con el 30% para los pescadores artesanales. Lamentamos que una vez más, la Fiscalía barra la basura de la relación dinero y política bajo la alfombra al no perseverar en la investigación”, sentenció el dirigente de CONDEPP.
