Hasta la localidad de Pica llegó la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, para constatar en terreno las denuncias de los propios residentes de la comuna, quienes daban cuenta de nuevas ocupaciones ilegales.
Tras una exhaustiva jornada de fiscalización en el sector de Comiña, se detectaron 25 nuevas ocupaciones ilegales, de una superficie cercana a las 100 hectáreas, muchas de ellas lideradas por extranjeros, quienes al momento de ser entrevistados, efectuaban labores de construcción, lo que se evidenció por la presencia de maquinarias y materiales de construcción.
Todos fueron informados que estaban cometiendo un delito, por lo cual se solicitará la pronta restitución administrativa a la Gobernación Provincial del Tamarugal. Además los antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía del Tamarugal, al tratarse de un delito de usurpación de terrenos fiscales.
A principios de octubre del presente año, la SEREMI logró recuperar 85 hectáreas en este mismo sector, momento en que se les advirtió a las personas que los terrenos no se pueden ocupar ilegalmente.
Una situación que mantiene en alerta a la autoridad, quien explicó que la ley impide regularizar a extranjeros en zonas fronterizas. “Se aprecia que hay una organización detrás de este grupo de personas, por cuanto están perfectamente loteados y asignados los lotes a cada extranjero, lo cual nunca va permitir el proceso de regularización, no solo porque el acto es ilegal, sino también porque Pica se considera una zona fronteriza y por lo tanto no se puede asignar actos administrativos, teniendo como titulares a extranjeros. De modo que la situación es muy irregular y nos llama la atención que haya ocurrido en el mismo emplazamiento”, declaró la seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Pilar Barrientos.
Para que no quede espacio para la duda, en el acceso a esta zona se instalará un cartel que indica que estas ocupaciones son ilegales y no se regularizarán.
Cabe destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales, puso a disposición 13 hectáreas en Pica para próximas licitaciones, que buscan impulsar proyectos de desarrollo turístico y de conservación del patrimonio, que no se condicen con el uso de algunas de estas ocupaciones ilegales, destinadas a depósitos de desechos o vehículos en desuso.
