La nota de Evo a Chile, proponiendo reanudar negociaciones, afirma que su objeto es solucionar el ‘enclaustramiento’. Es decir, un país que está apartado y encerrado. ¿Por quién? Ya sabemos, por Chile.
En consecuencia, tales negociaciones sólo tendrían por propósito terminar con dicha situación, ya que no interesa ningún otro tema bilateral. De no ser el fin buscado, para qué conversar. No bastan las facilidades de tránsito comercial por territorio y puertos del Pacífico que otorgamos, en estricto cumplimiento del Tratado de 1904, que el fallo no sólo mantuvo intacto, sino que en él se basó para sentenciar que no existe obligación legal ninguna de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar, para terminar con el pretendido ‘enclaustramiento’, que sigue invocando.
Parece que no ha querido o sabido comprender la reciente sentencia de la Corte, que rechazó los ocho argumentos jurídicos de Bolivia para obligarnos a negociar. Fallo contundente y definitivo. No sólo obligatorio para Bolivia, sino también para Chile. Si no estamos obligados a negociar por mandato de la Corte, porqué lo haríamos voluntariamente y para el mismo propósito. Resultaría incomprensible recurrir a otro procedimiento de solución de conflictos, como la negociación, cuando ya se zanjo por fallo judicial. No hay manera de terminar con el afirmado ‘enclaustramiento’, sino mediante alguna cesión de territorios, o ser titular de un derecho de acceso soberano. Lo mismo que pidió a la Corte y que ésta rechazó.
No es mala voluntad de conversar como buenos vecinos, ni de estar dispuestos a abordan tantos asuntos de interés mutuo. Pero de ninguna manera, sobre lo ya resuelto, y de una vez por todas, luego de 130 años de reclamaciones, presiones, ruptura de relaciones, demandarnos y agredirnos verbalmente, con una persistente campaña interna e internacional. Tal vez esté buscando la denuncia del Tratado de 1904. No lo sabemos y jamás lo anticiparía. Cometería un error fatal.
No es un ofrecimiento cualquiera de negociar. Podría tener serias implicancias.
Samuel Fernández Illanes, Académico Facultad de Derecho, U. Central.
