Señor Director: El acoso o maltrato escolar en algunos colegios del sector sur de Iquique es una realidad hoy, pasando a ser uno o más, de los casos dentro de la decadencia social que nos afecta como país. Los participantes del acoso o maltrato escolar son, en general tres; las víctimas, los agresores y los espectadores.
La víctima no tiene un perfil definido, cualquier niño/niña puede sufrirlo en algún momento de su etapa escolar y por diversos motivos. Los acosadores, por el contrario, si suelen tener un perfil definido; soportan maltrato físico, emocional o abandono, no tienen valores y limites, proyectan sobre otros la violencia aprendida o la rabia acumulada. Los espectadores son participantes pasivos que no acosan, pero tampoco intervienen en defensa de la víctima, por ello ignorar se considera una forma de agresión, sin duda.
Cualquier forma de maltrato, normalmente intencionado, perjudicial y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual, sin que medie provocación y, lo que quizá le imprime el carácter más dramático, la incapacidad de la víctima para salir de esa situación, acrecentando la sensación de indefensión y aislamiento. De esta manera, la mediación no es posible, porque no hay simetría o igualdad, la victima está en desventaja frente al agresor o acosador.
Por último, la ley sobre violencia escolar entrega herramientas a los colegios como, contar con un reglamento interno que, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.».
Sin embargo, hasta ahora, las respuestas son débiles, no hay protección ni contención adecuada para las víctimas, los protocolos son más bien procesos administrativos para demostrar, en el papel, que se hace algo para terminar con este flagelo, no hay difusión ni seguimiento de los casos detectados o denunciados. Es el momento de actuar, las autoridades fiscalizadoras tienen una tarea importante; hacer el trabajo para evitar situaciones como ocurrida la semana pasada y, lo que es peor, determinar las causas que originan estas reacciones de violencia.
Darío Blanco
Apoderado
(foto sólo referencial)
