En las últimas horas un grupo de parlamentarios de la oposición ha anunciado la presentación de una acusación constitucional contra el Presidente de la República, esta acción prevista en la Carta Fundamental y por consiguiente inserta dentro del marco de la institucionalidad vigente, requiere como fundamentos el comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringir abiertamente la Constitución o las leyes. Algunos dirán que frente a la masiva protesta social y la afectación del orden público, las declaraciones del Presidente haciendo referencia a que “estamos en guerra”, afectan la seguridad de la nación, o que el incumplimiento de procedimientos para decretar el estado de emergencia específicamente la falta de delegación administrativa a los Jefes de la Defensa Nacional, incumple la constitución y las leyes, o lo que es más grave, la afectación de derechos fundamentales más allá del derecho de locomoción y de reunión, así como las violaciones de los DD.HH ejercidas por Carabineros o las Fuerzas Armadas durante la vigencia de dicho estado de excepción y durante las manifestaciones, sobradamente justificaría la acusación constitucional. Este instrumento, de última ratio, requiere para su tramitación en primer lugar la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, luego, para su aprobación se requieren de los 2/3 de los Senadores en ejercicio, quienes actúan como jurado.
Independientemente de los argumentos jurídicos, es importante remarcar que la acusación constitucional es una acción no puramente jurídica, si no eminentemente política y desde esa perspectiva es evidente que la oposición no tiene los quórums necesarios para que esta acusación prospere, pero a mi entender, más importante que ello resulta inoportuno y no da cuenta ni se hace cargo de las demandas sociales que el país exige. En efecto, ¿si con urgencia se requiere devolver la prestación de servicios básicos al Estado, como luz, agua o mejorar la capacidad estatal para su resguardo y control, mejorar las pensiones, bajar el precio de los medicamentos y en definitiva avanzar en mayor equidad?, la otra pregunta que surge es: ¿en qué ayuda en este momento una acusación constitucional contra el Presidente de la República? , desde luego un Estado democrático de derecho se constituye con las responsabilidades políticas de sus gobernantes que deben ser personales e indelegables, pero con la misma fuerza y vigor requieren de agentes políticos que estén a la altura, donde la proporcionalidad, la oportunidad y el sentido común primen, de lo contrario, más que estar haciéndose cargo de las legitimas reivindicaciones sociales, estarán apagando el fuego con bencina.
Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, U. Central
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