En marzo de 2026, la estabilidad económica global se ve nuevamente puesta a prueba. La escalada bélica en Medio Oriente ha generado un fenómeno de «vuelo a la calidad», donde los inversionistas internacionales abandonan monedas de economías emergentes, como el peso chileno, para refugiarse en la seguridad del dólar estadounidense. Como consecuencia directa, el tipo de cambio en Chile ha roto la barrera de los $900, una cifra que para el ciudadano común no es solo un indicador financiero en las noticias, sino un factor determinante que altera el costo de la vida y el poder adquisitivo mensual.
El impacto más inmediato y visible de esta crisis se manifiesta en el sector energético. Chile mantiene una vulnerabilidad estructural al ser dependiente de la importación de hidrocarburos, trayendo del exterior casi el 98% del petróleo que consumimos. En este contexto, el conflicto internacional encarece el barril de crudo Brent por sobre los US$80; al ser transado en una divisa norteamericana más costosa, el efecto para el país es doble. Ocurre, por ejemplo, que en este inicio de marzo se proyectan alzas en las gasolinas de hasta $45 por litro. Esta situación no afecta únicamente al dueño de un vehículo particular; en realidad, encarece toda la cadena logística —desde el transporte escolar hasta los fletes de carga—, elevando finalmente el precio de los alimentos que llegan a las ferias y supermercados desde las zonas agrícolas.
Un segundo frente de impacto crítico es la denominada «inflación importada» dentro de la canasta básica. Muchos insumos esenciales para la dieta nacional, como el trigo, el maíz y los aceites vegetales, se transan en mercados internacionales exclusivamente en dólares. Cuando la moneda local se debilita, el costo de reposición de estos productos sube, obligando al comercio minorista a ajustar sus precios para sostener sus márgenes de operación. Se observa, por ejemplo, en el precio del pan, el cual es altamente sensible tanto al costo del trigo importado como a la energía necesaria para su cocción, tendiendo a subir de forma casi inmediata tras un alza sostenida de la divisa. Este mismo fenómeno afecta a bienes tecnológicos, como celulares o computadores, los cuales ven reflejado el aumento del tipo de cambio en sus nuevas partidas de inventario, dificultando el acceso a herramientas esenciales para el teletrabajo y la educación.
La volatilidad del tipo de cambio no es solo un movimiento de cifras en una pantalla; es un «impuesto invisible» que golpea con mayor fuerza a quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo básico y al transporte. Finalmente, el alza del dólar presiona la política monetaria nacional, ya que un tipo de cambio alto alimenta la inflación interna. Esto podría obligar al Banco Central a ser más cauteloso con la reducción de las tasas de interés. Lo anterior podría significar que los créditos de consumo y los dividendos hipotecarios no bajen con la velocidad esperada, encareciendo el costo del endeudamiento justo cuando el presupuesto familiar ya se encuentra ajustado por el alza de los servicios básicos.
El conflicto en Medio Oriente se manifiesta en Chile a través de un dólar fortalecido que encarece la logística y los insumos más elementales. En este escenario de incertidumbre geopolítica, la educación financiera y la planificación rigurosa del gasto se vuelven las herramientas de defensa más críticas para navegar el presente año.
Por Carlos Montero, Académico Carrera Contador Auditor Universidad de Las Américas
