“No vamos a aceptar, como Ministerio de Bienes Nacionales, la existencia de ocupaciones ilegales como la que fue desalojada en Punta Gruesa. No solo porque estas personas se están apropiando de un terreno que es de todos los chilenos, sino también porque, generalmente, estas viviendas son de material ligero y carecen de servicios sanitarios básicos como agua potable y/o alcantarillado, además de situarse en lugares que pueden ser peligrosos para quienes se instalen en el lugar”. De esta forma el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, apoyó el trabajo de la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá que recuperó cerca de 40 hectáreas en el sector de Punta Gruesa, al sur de Iquique, las cuales habían sido ocupadas ilegalmente por integrantes de cooperativas de vivienda de la región.
Este jueves, la secretaria regional ministerial, Pilar Barrientos, efectuó una denuncia en la Fiscalía de Iquique por la usurpación de terrenos fiscales por parte de particulares, que fueron recuperados gracias a la rápida acción de este servicio.
Todo comenzó este miércoles tras una fiscalización efectuada en sector de Punta Gruesa, ante denuncias de la existencia de una toma ilegal masiva, lo que fue corroborado en el lugar.
Frente a las nuevas viviendas de Altos de Playa Blanca, donde se construye la planta de tratamiento de aguas servidas, se comprobó la presencia de diversas cuadrillas de personas con herramientas y maquinaria, que instalaban cercos y delimitaban superficies, quienes al ser consultadas, afirmaron pertenecer a la Federación de Cooperativas Fecovi, a quienes la seremi de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos, les informó que estaban cometiendo un delito.
Con estos antecedentes ayer se presentó una denuncia en la Fiscalía de Iquique y se solicitó la restitución administrativa del inmueble fiscal ante la Gobernación Provincial.
Funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, resguardados por Fuerzas Especiales de Carabineros, todavía trabajan a la restitución del inmueble, retirando más de mil estacas con las cuales se cercaron las 40 hectáreas, las que incluso pusieron en riesgo las obras de la planta de tratamiento, ya que se habían instalado sobre las tuberías.
“Esto es un delito, una acción ilícita, corresponde una usurpación de inmuebles fiscales, Nosotros vamos a ejercer todas las acciones que corresponden, pero además no vamos a tolerar la ocupación ilegal”, dijo la seremi de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos. (Comunicado Oficial de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Tarapacá)
