La agenda política se pondrá más intensa con el paso de los días en directa relación con la demanda nacional por una nueva Constitución Política. Ciertamente, se espera que avancen en esta misma dirección, las leyes que asumen los problemas de desigualdad social y de poner fin a la concentración de la riqueza.
Cada político tiene el legítimo derecho a defender sus opiniones y con ello ponerse al servicio de los intereses en disputa. No resulta extraño ver a políticos de la derecha ultra conservadora defendiendo a la oligarquía en el plano oficialista. Algunos de la derecha de centro, toman ciertas distancias. A su vez, en la oposición, con todas sus complejidades y enredos internos, ocurre que asumen la defensa de la gran mayoría de los chilenos. También, conocemos los desacuerdos ideológicos que emergen en votaciones decisivas en el Parlamento.
Los civiles que fueron parte del otrora período dictatorial de Augusto Pinochet, se esforzarán en desplegar toda la publicidad posible y se valdrán de todos los medios para que la Constitución se mantenga a pie firme. Este legado de normas legales son la base que han regido nuestra sociedad por más de cuarenta años.
Aquí no estamos en presencia de la campaña plebiscitaria del ¡Sí contra el No! En un abrir y cerrar de ojos, no podemos trasladarnos al pasado en un afán de revanchismo, para quedarnos en revivir aquel período y enfrentarnos en la batalla electoral, más trascendente e histórica, en el camino de vuelta a la democracia.
Hablar de la Constitución significa palabras mayores. Quienes hemos vivido y participado en los grupos, organizaciones sociales, hemos hecho familias, en el territorio nacional, teniendo presente los valores morales y éticos, a través del tiempo, nos dan un valioso conocimiento para expresar las normas que libremente merecen ser consideradas e incorporadas en las normas fundamentales que rigen al Estado, a sus diversas instituciones permanentes que se relacionan entre sí, al gobierno y, en general, a todos los ciudadanos del país, con deberes y derechos.
Simple. Los ciudadanos no podemos ser víctimas del conocimiento jurídico político, ni podemos sufrir el apremio económico de los egoísmos de súper poderosos. En efecto, la Constitución debiera consignar la libertad, la justicia, la solidaridad, los derechos humanos, el bienestar público y desarrollo privado.
A mi juicio, la actual Constitución despoja a los ciudadanos de su verdadera soberanía, por consiguiente, obviamente le entrega una autoridad superior a la clase política bajo la premisa del “bien común”, para que defina su futuro. A mi entender, esta forma de gobernanza legitima leyes, decretos, resoluciones y licitaciones, cualquiera sean éstas, solamente se llevan a efecto en los regímenes totalitarios donde, en nuestro caso, el Estado se subordina al rol del mercado y/o a los intereses propios del capital.
Cuando hablamos de aprobar una nueva Constitución, dejo en claro que no se trata de construir una nueva superestructura de Estado, impersonal e institucional. Jamás tal concepto implica situarse en el otro extremo y, éste órgano de poder, se convierta en un instrumento que destruya la propiedad privada y concentre la economía en sus propios cimientos políticos. Lo que se define en el Plebiscito del 26 abril, es sí queremos construir otro modelo de sociedad. En el fondo, se trata de corregir las disposiciones que son las fuentes de una injusta distribución de la riqueza. Los principales pilares de una verdadera república democrática, civilizada y moderna, provea un modelo de desarrollo económico, político y social, cuyo centro sea un Estado tutelar de los derechos ciudadanos. Al igual que los países europeos más adelantados.
Una propuesta de esta naturaleza, no puede ser objeto de una campaña del terror. La ultra derecha teme perder privilegios y de seguir acumulando miles y millones de dólares -40 personas en el país acumulan más de 90 mil millones de dólares- reduciendo a miles de chilenos a vivir en condiciones paupérrimas y de increíble sobrevivencia humana. La campaña del miedo que se instalará en Chile, será para mantener el imperio de la actual Constitución del 80, más que nada por mantener a un Estado al servicio de las ilimitadas ganancias del capital. Esta élite por supuesto tiene la fórmula para que Chile sea un país digno y desarrollado, sin embargo, obran en la oscuridad de las sombras tenebrosas, mintiendo y distorsionando la realidad del verdadero propósito del Plebiscito del domingo 26 de abril.
Finalmente, como un epílogo del presente comentario, veamos el Capítulo I de la Constitución de los 80. Bases de la institucionalidad. Por cuestión de espacio, me voy a referir al Artículo 3°, leemos: “El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.
Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias, y comunas del territorio nacional.”
¿No les parece más bien letra muerta esta normativa constitucional? De regreso a la democracia, después de 40 años, lo único que sabemos es que elegiremos al Gobernador Regional, en reemplazo del Intendente en las próximas elecciones de este año. Realmente, todas las otras atribuciones, utilización de recursos y poderes administrativos y responsabilidad de los servicios públicos que forman parte de sus funciones ¿dónde, están? Les digo, ¡Siguen en Santiago! El Norte Grande sigue siendo una colonia del centralismo y en la Moneda, nos tienen por súbditos de tierras conquistadas.
Entonces, amigos lectores y lectoras, ¿no creen que llegó la hora de que este Artículo 3° de la Constitución merece ser modificado y actualizado, donde se estipule la Autonomía Regional y tengamos nuestros propios órganos de legislación regional dentro de un Estado que respete los pueblos originarios de las zonas altiplánicas, nuestras costumbres, las cuestiones físicas y naturales, riquezas y proyectos? Así recuperaría nuestra idiosincrasia, la cultura de nuestras comunidades y la historia perteneciente al pueblo de Tarapacá.
Tenemos gente muy capaz, eficiente, letrada, profesionales y un legítimo derecho de salir del subdesarrollo. Que en el siglo XXI, hombres y mujeres de nuestra región asuman los desafíos de conquistar el bienestar, el progreso y la justicia social. Vamos por la aprobación de la Reforma Constitucional, lejos del populismo y la politiquería.
nmonijalba@gmail.com
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