Los numerosos casos de Transferencias de recursos económicos del Estado a Fundaciones y Corporaciones, durante estos últimos días, en vez de poner un alto a tales casos, tenemos que ocurre todo lo contrario. Es decir, con el paso de cada día conocemos otra nueva organización “sin fines de lucro” que se suman a los anteriores. Tratando de ser imparcial, aquí están pagando los platos rotos, “justos por pecadores”.
Conozco dirigentes de estas fundaciones que de verdad son personas sacrificadas, lo hacen desde una visión humana y solidaria, entregan lo mejor de sí mismas y aman lo que hacen. Sus manos no están en el dinero, sino en brindar servicio al prójimo. Tengo una admiración profunda por estas personas que profesan con el ejemplo la causa que han abrazado desde el fondo de sus corazones. No tienen nada que ver con otras organizaciones que están en la dimensión política-económica, las cuales, sino todos rayan en la misma corrupción.
Al final de cuentas, nuestra sociedad tiene la responsabilidad de separar de acuerdo a estos conocimientos, la paja del trigo. Vivimos una época donde la clase dominante en nuestro país ha utilizado el poder político para desnaturalizar el rol del Estado de Bienestar, afianzando el modelo del capitalismo salvaje sobre la base de la desigualdad y del liberalismo extremo.
Lo ocurrido con el caso militantes de Revolución Democrática (RV) implicados en Democracia Viva (DV) por cientos de millones de pesos que les fueron transferidos por el Estado, nos demuestra que estamos frente a uno de los mayores delitos de nuestra sociedad. Obtener dineros del Estado para destinarlos a fines de intereses personales y/o políticos, contrarios al bien común, a la buena fe y en contra de los principios de su personalidad jurídica, son todas materias, a mi juicio, que van de acuerdo a exigencias y conformidad a la voluntad de la ley.
Entonces, no estamos en presencia de un robo callejero, ni mucho menos a un problema de semántica de nuestro lenguaje jurídico, tampoco se trata del robo de un vehículo de alta gama conocido como “portonazo”. No estamos hablando de un asalto a un cajero automático y de la banda internacional “el tren de Aragua”. Estos y otros delitos tienen a la población sometida al miedo y a vivir un presente con traumas psicológicos. Todos estos actos delictuales, reciben el mayor de todos los repudios de nuestra comunidad.
Pero, cuando estamos en presencia de personas instruidas y de profesionales que conocen bien nuestra precaria realidad, pareciera que nos confundimos y atenuamos nuestra condena social. Claro, estamos hablando de delitos de cuello blanco y de corbata. Entonces, tenemos que ciertas personalidades investidas del poder institucional, refiriéndose al caso Convenios, nos hablan de “faltas a la ética” y que no necesariamente son “delitos”. Dejando en el tintero, que se trata de una delincuencia tan peligrosa como la peor ralea criminal.
¿Cuántos de nuestros compatriotas mueren por falta de una operación y de atención médica oportuna? Los recursos del Estado, son escasos, no se pueden desviar a diestra y siniestra; más es inaudito que algunos pasados de listos, se apropien de estos fondos públicos, con artimañas pseudo legales.
El histórico militante del PS, Ministro Carlos Montes, ha solicitado la devolución de los dineros que no tienen respaldo de gastos admisibles al Proyecto, por el cual fueron otorgados a la corporación DV en Antofagasta. Por tanto, el Estado, en este caso el gobierno regional, debiera recuperar estos fondos. De ser así, según creo yo, las sanciones de culpabilidad también deberían ser más flexibles, porque existe reparación y atenuantes a favor de los involucrados. De lo contrario, entonces, la Justicia debiera ser ejemplar en su castigo para todos quienes resulten culpables.
Otro asunto más. Como ya sabemos este caso que se descubrió en Antofagasta, se ha ramificado a numerosas regiones del país. Bien podríamos aventurar un juicio. Que esta práctica se hizo común y por lo mismo se deben corregir los vacíos legales y aumentar las fiscalizaciones en este orden administrativo. Sin embargo, queda de manifiesto que el proceso Descentralizador del país, está funcionando. En este panorama oscuro, debemos ser capaces de sacar lecciones positivas. Por supuesto, que la impronta Descentralizadora debiera ser bajo mejores condiciones de probidad y lejos, pero muy lejos, del tráfico de influencias políticas y del feroz “lobby”. Que de verdad exista transparencia y una justa evaluación de cada Proyecto, teniendo en cuenta: su pasado y futuro. Asimismo, su presente.
Entonces, un Estado que delega soluciones sociales al sector privado, no puede ser indulgente y menos lavarse las manos como Pilatos. En honor a la verdad, el Estado debiera ser quien lleve adelante las soluciones sociales urgentes que se necesitan para vivir con dignidad y frenar la desigualdad; aunque para algunos políticos de la ultraderecha, no les guste un Estado más robusto, entonces, asumamos todas las responsabilidades cuando no se hagan bien las cosas y tengamos que lamentar escándalos. Una situación paradójica, cómo ayudar a que se acepte algo que no se quiere cambiar…
Tal como estamos hoy en día, se puede profetizar que el país de nuevo acumula rabia, indignación y furia. ¿Vamos a culpar al presidente Boric? Bien, sabemos que el estallido social, no fueron los 30 pesos de alza del metro, sino fueron 30 años de soportar injusticias. Hoy permanecen intactas las condiciones que cimentaron el camino para el estallido social de Octubre del año 2019. Ha pasado rápidamente el tiempo y de nuevo vamos a tropezar con la misma piedra. ¿Caminamos de nuevo a un estallido social?
Nelson C. Mondaca Ijalba
nmonijalba@gmail.com
*Las opiniones y conceptos expresados por los columnistas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representan la línea editorial de este medio de comunicación.
