La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la norma que busca que los diputados o senadores que renuncien a su partido político cesarán en sus cargos, en el marco del proyecto de ley que modifica el sistema político y electoral.
La instancia respaldó el texto propuesto por el Senado, en el cual también se establece que “cesará en el cargo el parlamentario independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilie a otro distinto del de su candidatura”.
Asimismo, se detallan los procedimientos para que el Servicio Electoral (Servel) notifique al Congreso respecto a las renuncias o afiliaciones a partidos políticos de los legisladores.
También se señala que cesarán en sus cargos quienes renuncien al Comité Parlamentario que integran.
La iniciativa también indica que “no podrán jurar o prometer como diputados o senadores quienes, previo a su investidura, renuncien al partido político de su candidatura. Misma situación para quienes sean independientes apoyados por un partido, pero se afilien a otro”.
Aunque dicho cese “no ocurrirá si la renuncia se fundamenta en un cambio sustantivo en la declaración de principios del partido”.
Los diputados y diputadas de la sesión expresaron diferentes posturas sobre la norma que propuso el Senado. De hecho, Jaime Mulet (FRVS) y Miguel Ángel Calisto (independiente-Demócratas) presentaron indicaciones para modificar el alcance de la medida, aunque estas no tuvieron éxito.
Por su parte, Mulet apuntó a que la restricción aplicara solo para los dos primeros años de ejercicio. Según su punto de vista, las personas tienen derecho a cambios de partido político, por lo que la norma debería ser más flexible y mixta.
Mientras que Calisto propuso que no se debería perder el cargo si el parlamentario renuncia por una diferencia con las definiciones de los órganos colegiados intermedios de los partidos, entendiendo que estas definiciones contradigan los principios de la tienda.
De todos modos, la comisión sí respaldó una indicación que estableció que la norma regirá con posterioridad a las elecciones parlamentarias de noviembre.
Esto, debido a que el texto del Senado establece que solo los partidos que alcancen el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en el Congreso.
