Las últimas semanas representantes de la pesca industrial y emisarios de su sector han salido a cuestionar los eventuales efectos de la Ley de Fraccionamiento, afirmando que se trata de una redistribución apresurada que debilitará al país.
Para dirigentes del sector artesanal dicha afirmación está lejos de la realidad, pues señalan que el cambio legislativo tuvo como finalidad corregir una profunda injusticia histórica, revitalizando las costas chilenas, y más importante aún busca generar riqueza comunitaria y distribuida equitativamente.
Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP hizo ver que la disminución de los volúmenes de pesca a la que hace referencia la industria, no es un fenómeno del presente, sino que es resultado de una sobreexplotación histórica por parte de la pesca industrial, “favorecida por un regalo regulatorio obtenido mediante corrupción al amparo de la llamada Ley Longueira”.
En ese sentido, recordó que dicha normativa concentró cerca del 70 % de la cuota, controlada por menos de cien embarcaciones industriales, mientras apenas el 30 % quedaba para más de cien mil pescadores artesanales y sus familias.
“Ellos usaron y abusaron de una legislación que fue redactada para ellos. Con el nuevo fraccionamiento eso cambió y eso los tiene descolocados”, subrayó.
Fin al veto artesanal
Cortés precisó que el nuevo fraccionamiento subsana un veto para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) elaboradoras de productos de consumo humano, que antes no tenían acceso a materia prima y hoy sí lo tendrán, tal como ellas mismas han manifestado públicamente. “Este cambio permite que valor agregado se genere localmente, dinamizando la economía y el empleo regional”.
“El impacto social también es profundo porque antes muchas caletas se estaban despoblando, perdiendo su vitalidad cultural y fuerza económica, provocando migración hacia las ciudades y hoy, con recursos disponibles, las familias tienen razones culturales y económicas para permanecer en sus territorios, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la continuidad generacional y la identidad regional”, dijo el dirigente.
En ese marco, Cortés señaló que los hechos hablan por sí solos, “porque desde que se prohibió la pesca de arrastre en la jibia, la pesca artesanal y las PYMEs han logrado multiplicar el valor de su producción, consolidando un modelo de pesca sostenible y de altos retornos sociales y culturales”.
Para la pesca industrial la nueva ley de fraccionamiento no empobrece, sino que viene a corregir desigualdades, promueve la justicia distributiva, revitaliza las caletas, genera empleo local y rescata un modelo de pesca que pone en el centro a las comunidades artesanales, dando paso hacia una pesca más equitativa, sostenible y verdaderamente nacional.
