El Presidente Ejecutivo, Joaquín Villarino y el Gerente General, Carlos Urenda se reunieron con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Durante la reunión, el CM planteó que en muchas ocasiones la inversión social que realizan las empresas mineras se ha materializado y canalizado a través de organismos públicos –entre ellos, las municipalidades-. La gran minería -al hacer estos aportes- espera que se cumplan con todos los requisitos y formalidades de transparencia y control. Sin embargo, el CM planteó los inconvenientes que ha generado la doctrina del Dictamen N° 439, que señala que los municipios deberán “abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la Entidad Edilicia de que se trata”.
Junto con lo anterior, el Consejo Minero hizo ver el riesgo que presenta la toma de razón del decreto que contiene el reglamento de procedimientos para la elaboración, evaluación y actualización de los planes regionales de ordenamiento territorial, respecto de las condiciones de localización para actividades productivas que podrán establecer estos instrumentos.
