Organismo advirtió al Ministerio Público de anomalías en cuatro unidades de las Fuerzas Armadas, tres direcciones de Carabineros y 37 municipalidades, entre ellas la de Iquique, consignó el diario La Tercera.
Cada vez que la Contraloría detecta una irregularidad que podría ir más allá que una falta administrativa, remite los antecedentes al Ministerio Público, para que este califique si los hechos denunciados por el organismo fiscalizador podrían corresponder a un delito. De acuerdo con información obtenida por La Tercera a través de Ley de Transparencia, entre 2017 y 2018 la Contraloría envió 75 denuncias a la fiscalía tras detectar anomalías en el sector público.
El listado con los informes de auditoría remitidos alcanza un total de 37 municipalidades, entre ellas las de Valparaíso, Providencia, Rancagua, Osorno, Viña del Mar, Temuco, Iquique, Antofagasta, Coyhaique, Los Vilos, San Bernardo, Aysén y San Ramón. En general, tratan de irregularidades relacionadas con gastos improcedentes.
También se incluye a cuatro unidades de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, la Contraloría denunció el sobreprecio de más de US$ 8,6 millones en compra de helicópteros en la Brigada de Aviación del Ejército, además de millonarios pagos irregulares en la institución castrense a través de comisiones de servicio falsas. Se trata, principalmente, de suboficiales que aportaron dinero al Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria cerrado en 2006. Hoy ese caso lo lleva el fiscal de Aysén Carlos Palma.
Además, se denunciaron actos irregulares en tres unidades de Carabineros: la Dirección de Previsión, la Dirección Nacional de Logística y el Departamento de Control de Armas y Explosivos.
Desde la Contraloría señalaron que, como institución, “no les corresponde calificar delitos, porque ello es una facultad del Ministerio Público. Lo que ha hecho la Contraloría es remitir antecedentes al Ministerio Público sobre irregularidades detectadas”. Indicaron que tampoco “les corresponde hacer seguimiento a los antecedentes que se remiten a la fiscalía. De ellos depende si prosiguen o no con las acciones penales respectivas, teniendo en consideración que el Ministerio Público es un ente autónomo”.
Dijeron, también, que se han tomado medidas para evitar que se produzcan hechos como el fraude en Carabineros, donde la Contraloría no logró detectar anticipadamente lo ocurrido: “Desde que ocurrió el fraude se desvinculó a dos funcionarios inmediatamente; se instruyó una auditoría interna respecto de todos los procesos en Carabineros. Esto último trajo consigo que se realizara una reestructuración interna, que terminó con la desaparición de la División de Auditoría Administrativa, la creación de dos contralorías regionales metropolitanas, y la creación de departamentos especializados en la fiscalización a las Fuerzas Armadas y de Orden y Carabineros”.
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, dijo que “nos parece muy bien que los organismos públicos, y en especial la Contraloría, utilicen las facultades que la ley les otorga (…) Lo importante también es que después veamos si esos antecedentes fueron de aporte para las investigaciones”. (Javiera Matus, La Tercera)
Los problemas de la IMI estarían en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CORMUDESI) y ya se habría adoptado las medidas para regularizar la situación.
