La Contraloría General de la República emitió este martes un instructivo, el cual fue enviado a los ministros del Gobierno de José Antonio Kast, teniendo como objetivo reforzar los principios de probidad y transparencia en la función pública.
En el documento, detalla la entidad liderada por Dorothy Pérez, aborda obligaciones de declaraciones de intereses y patrimonio, administración de bienes, lobby, prescindencia política y la obligatoriedad de realizarse test de drogas. «Se recordó que las autoridades deben actuar con apego a la legalidad y privilegiar siempre el interés público sobre el particular, manteniendo una conducta intachable», indicó la Contraloría.
También se enfatiza en el deber de abstenerse en circunstancias donde los ministros tengan conflictos de interés, aún cuando sea en un escenario potencial. «En otro ámbito, se recuerda la obligación constitucional y legal de los ministros de Estado de presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo, la cual deberá ser actualizada anualmente durante marzo y publicada en los sitios web institucionales correspondientes», agregó la autoridad. En el caso de la administración de patrimonios y enajenación de bienes, Contraloría explica que los ministros tienen la obligación de delegar la administración de sus bienes o bien, vender ciertos bienes cuando estos puedan generar conflictos de interés en el ejercicio de su cargo.
Para el caso de Lobby, la Contraloría advierte el cumplimiento estricto de su ley, manteniendo actualizados los registros de agenda pública de los ministros, los cuales deben incluir audiencias, reuniones, viajes oficiales y donativos protocolares, y publicarse mensualmente en formatos de datos abiertos. Por último, sobre el test de drogas, se recalca que quienes ejercen como ministro de Estado tienen la obligación de someterse de forma periódica a exámenes de detección de drogas, cuyos resultados serán públicos. En caso de incumplimiento, se recordó que las autoridades podrán ser sancionadas con multas económicas y, en casos graves o reiterados, con la destitución del cargo por falta a la probidad administrativa.
