La denominada Alianza Anticorrupción UNCAC, liderada en Chile por la Contraloría General de la República (CGR)y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, ocho iniciativas legislativas en favor de la lucha anticorrupción.
La propuesta apunta a mejorar la protección a los denunciantes, particulares y funcionarios del Estado; regular los conflictos de interés, la convocatoria y rotación de personal en las instituciones que aún no lo hacen; establecer el concurso público como regla general para acceder a cargos públicos; extender la aplicación del sistema de ChileCompra en el Estado; incorporar las normas UNCAC sobre recuperación de activos, decomiso, restitución y cooperación internacional al ordenamiento jurídico; extender la aplicación de los sistemas de integridad y los códigos de ética funcionaria; fortalecer las facultades sancionadoras y de
control de las entidades fiscalizadoras; y ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública a la ejecución de los contratos regidos por la ley de compras públicas.
La Alianza Anticorrupción se creó en 2012 y reúne a 27 organismos públicos, privados y de la academia con el propósito de generar acciones para fomentar la probidad en el país y promover la transparencia y ética.
El ministro Blumel informó que en junio o a más tardar los primeros días de julio el Ejecutivo presentará la agenda de probidad y transparencia en el sector público, donde se abordarán algunas de las propuestas que se le entregaron y además el nepotismo. “Será un conjunto de disposiciones con más transparencia y mayores garantías de que quienes ingresen al Estado lo hagan por mérito y capacidad y no por razones familiares o de otra naturaleza”, comentó.
Junto con valorar la celeridad con que el Ejecutivo trabaja con parlamentarios el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, sugirió establecer listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos y que tengan prohibición de contratar con el Estado.
Estas son las 8 propuestas
- Mejorar la protección de los denunciantes.
- Regular la “puerta giratoria” en el sector público.
- Establecer el concurso público como regla general para acceder a cargos en el sector público.
- Extender el sistema de ChileCompra.
- Incorporar normas sobre la recuperación de activos.
- Extender sistemas de integridad y códigos de ética.
- Fortalecer las facultades sancionatorias y de control.
- Ampliar las competencias del Tribunal de Contratación Pública.
