El pleno del Consejo Regional de Tarapacá declaró su rechazo corporativo al proyecto que impulsa el Ministerio de Energía, y que fija la obligatoriedad de cambiar los medidores de energía eléctrica de las casas de los usuarios, por dispositivos inteligentes, con cargo a los propios clientes.
La propuesta de rechazar esta iniciativa que impulsa el Gobierno fue presentada al pleno del órgano colegiado, la mañana de este jueves, por el consejero Iván Pérez, concitando el apoyo unánime de sus colegas.
La determinación adoptada por los consejeros de rechazar esta medida, se suma a la adoptada por otras entidades públicas como algunos municipios del resto del país. También han formulado su rechazo a esta iniciativa, a nivel nacional, organismos de defensa de los derechos del consumidor, sindicatos, y organizaciones sociales, entre otras agrupaciones civiles.
Para el consejero Iván Pérez, el rechazo mayoritario a la instalación de medidores inteligentes en la región, se realizó porque esta iniciativa, atenta contra la economía de gran parte de las familias de Tarapacá, perjudicando directamente a los segmentos socialmente más postergados como los adultos mayores, las mujeres jefas de hogar y las familias de escasos recursos.
El rechazo a la instalación de los “medidores inteligentes”, aclaró el consejero Iván Pérez, fue transversal, ya que la decisión fue apoyada por los cores de los pactos “Chile Vamos”, “Nueva Mayoría”, “Frente Amplio” y por los regionalistas.
Nota de la Redacción: Cabe precisar que en Chile, históricamente el medidor y el empalme han sido propiedad del cliente. Al menos hasta principios de 2018, el 70% de los medidores era propiedad de los usuarios. Lo mismo ocurría con más del 84% de los empalmes: las instalaciones que van desde los postes hasta el medidor.
La CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Y determinó que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio.
En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.
