Los dirigentes gremiales Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), y Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), acompañados por representantes de empresas socias de CORPROA y de la AII, visitaron las oficinas del Ministerio de Hacienda para reunirse con Francisco Saffie, Coordinador de Regulación Económica de esa cartera.
Durante el encuentro, ambos gremios integrantes de la Macrozona Norte expresaron sus inquietudes respecto de temas como el Anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la Cuenca del Río Huasco y la aplicación de la Ley N° 21.600, normas que, según los expresado por el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco, “si no se analizan con la debida profundidad y son abordadas de manera integral, podrían generar un impacto directo en la inversión y en el desarrollo de proyectos en la Macrozona Norte”.
Asimismo, y respecto de eventuales impactos sobre diversos sectores productivos e industrias de la región de Tarapacá, el gerente general de la AII, Marcos Gómez, señaló que “para la AII y sus socios, este tema es de suma importancia, pues se podría aplicar en el futuro un criterio de conservación ambiental sobre áreas donde existen hace muchos años, incluso décadas en algunos casos, faenas productivas e industrias instaladas, funcionando y con todos sus permisos y resoluciones ambientales al día”.
Por lo mismo, desde ambos gremios agregaron que se están analizando todos los antecedentes legales del caso, para hacer ver oportunamente a las autoridades y en conjunto con distintos gremios a lo largo de la Macrozona Norte, los posibles efectos socioeconómicos en la aplicación de las disposiciones incluidas en la Ley 21.600, conocida como Ley Para la Naturaleza, promulgada en septiembre de 2023, y que crea servicios como el de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
“Hemos manifestado nuestra preocupación al Ejecutivo, ya que consideramos que la forma en que se están aplicando estas disposiciones resultan impositivas y pueden perjudicar a muchas industrias que operan con sus permisos ambientales totalmente al día. Es más, desconocemos con qué criterio o sustento técnico se están designando las llamadas zonas o áreas priorizadas y, por ello, hemos planteado a la autoridad la instalación de una mesa técnica que permita analizar en profundidad los efectos reales de esta regulación”, señalaron los dirigentes de ambas entidades, agregando que “Chile, junto con resguardar el medioambiente, debe ser capaz de entregar certeza jurídica y condiciones claras a quienes quieren venir e invertir responsablemente”.
