Pronunciamiento del alto tribunal ratifica anterior decisión del Juez de Garantía de Pozo Almonte.
Luego de escuchar a la defensora penal pública Marcela Tapia y al Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Iquique resolvió negar la petición de prisión preventiva hecha por el fiscal del caso en contra del único imputado por un supuesto secuestro de 7 migrantes y sustracción de un adolescente venezolano.
Ambas partes expusieron sus alegaciones respecto de la decisión del Juez de Garantía de Pozo Almonte, Horacio Andrade.
En la audiencia del pasado martes 20 de julio, el magistrado de la localidad pampina sólo había dictaminado el arresto domiciliario de L.U.C., a quien se le atribuyen los delitos descritos, por lo que los persecutores apelaron de esa decisión ante el tribunal de alzada que esta tarde respaldó al juez que acogió los fundamentos de la defensa penal pública.
De esta manera sólo la mujer, identificada como B.Y.A., imputada por el eventual delito de tráfico de migrantes, seguiría en prisión preventiva, aunque con derecho a salir una vez que pague la caución fijada por el tribunal y que asciende a cien mil pesos.
Para ambos casos, los defensores penales públicos intervinientes han cuestionado la existencia de todos los delitos, insistiendo que los antecedentes presentados en contra de los dos imputados son contradictorios e insuficientes como para configurar los supuestos ilícitos planteados por el Ministerio Público.
El caso fue presentado inicialmente a la prensa como el secuestro de 31 migrantes venezolanos, pero al día siguiente, al activar la causa ante el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, las presuntas víctimas sólo eran 7 del total. Los no considerados como afectados han presentado testimonios oficiales en donde no indican que se les haya negado, obstaculizado o restringido el libre tránsito por parte del imputado, para proseguir sus viajes hacia la zona central, para efectos de reunificación familiar.
Las 31 personas del grupo permanecían juntas en un domicilio de la localidad de Pozo Almonte, muchos de ellos premunidos de teléfonos celulares, aparato que también tenía el adolescente presuntamente sustraído, quien se comunicaba permanentemente con su madre domiciliada en Santiago. (Boletín de Prensa de la Defensoría Penal de Tarapacá)
