- El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, recalcó “la necesidad de revisar la legislación referida a las normas de secreto”, apuntando a la derogación o modificación del artículo 436 del Código de Justicia Militar.
- Su actual redacción permite que se aluda a la afectación de la seguridad nacional e interés nacional en ámbitos en que no corresponde, por lo que insisten en la necesidad de modificaciones.
«Se ha abusado del concepto de seguridad nacional para mantener fuera del ojo público materias que no dicen relación con la seguridad de la nación”. Así reaccionó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, tras conocerse la detención del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
A partir los antecedentes que se han difundido sobre los ítems por los que se investiga al ex comandante en Jefe del Ejército el titular de Transparencia comentó que “una de las cuestiones que está en el corazón de lo que ocurre al interior de Fuerzas Armadas y en las de Orden y Seguridad es la modificación o derogación del artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Explicó que éste “permite niveles de secretismo que no son admisibles y a estas alturas es claramente inconstitucional”, subrayó.
El máximo representante del CPLT explicó que la actual redacción del mencionado artículo “permite mantener reglas especiales de secreto en materia de defensa”. Esto, desde la perspectiva del representante del Consejo para la Transparencia “abre espacios para que se generen bolsones de opacidad que impiden una rendición de cuentas de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros hacia la ciudadanía, permitiendo amparar una serie de irregularidades que se han estado evidenciando”.
El titular del CPLT apuntó a la “falta de transparencia en distintos ámbitos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que plantea la necesidad de revisar la legislación referida a las normas de secreto”. «La seguridad nacional es un buen jurídico que protege a todo el país, sin embargo, no puede servir de excusa para mantener en la opacidad ámbitos de la gestión de las Fuerzas Armadas y de Orden, de gastos públicos que debieran estar claramente bajo el escrutinio público y en casos en que no van a poder probar, porque no existe afectación de la seguridad nacional”, espetó Drago.
Asimismo, el Consejo para la Transparencia apuntó a las posibles acciones que podría implementar la institución castrense para enfrentar estos hechos: “una posibilidad concreta es la implementación de una estrategia similar a la que se aplicó en el caso del fraude de Carabineros (Pacogate), que contemple un paquete de medidas, de carácter sustantivo, que le permita al Ejército enfrentar este tipo de situaciones y prevenirlas en el futuro”.
