Por mayoría los legisladores aprobaron la moción en segundo trámite constitucional. Sin embargo, durante el debate surgieron reparos a la propuesta ya que varios senadores advirtieron que “el fisco ya tiene las facultades para la construcción” de las plantas.
Hasta el lunes 22 de octubre se recibirán indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras. Esto, luego de que la Sala respaldara la moción por 24 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
El texto legal tiene por objeto dar cumplimiento al mandato constitucional que exige al Estado una autorización legal para llevar a cabo actividades empresariales, en este caso concreto, aquellas destinadas a resolver de mejor manera el problema estructural que afecta al país en materia de gestión de recursos hídricos mediante la creación de plantas desalinizadoras.
Las divergencias se centraron en que un grupo de parlamentarios insistieron en que no es necesario el instrumento, pues –a juicio de los parlamentarios- el Ministerio tiene todas las facultades para la construcción de plantas desalinizadoras; sin embargo quienes respaldaron el proyecto, reforzaron la idea de una mayor capacidad del Estado con un marco institucional adecuado.
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Pedro Araya, Víctor Pérez Varela, Felipe Harboe, Yasna Provoste, Carmen Gloria Aravena, Ena Von Baer, Alfonso De Urresti, Kenneth Pugh, José Durana, Jaime Quintana, David Sandoval, Alejandro Navarro, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla, Felipe Harboe, José Miguel Insulza, Ximena Órdenes, Juan Castro y la Directora General de Obras Públicas, Mariana Concha.
POLÍTICA PÚBLICA MÁS AMPLIA
Con el proyecto de ley se busca facultar al Estado para llevar a cabo actividades empresariales con el fin de fomentar y desarrollar la creación y explotación de plantas desalinizadoras, además de permitir encomendar al Ministerio de Obras Públicas, el estudio, proyección, construcción, ampliación y reparación de obras, que digan relación con el fomento y desarrollo de la existencia de este tipo de plantas.
La Directora General de Obras Públicas, Mariana Concha, detalló el proceso de las plantas y precisó que los proyectos desalinizadores requieren concesión marítima, permisos ambientales (regulados a través del sistema de impacto ambiental), y establecer servidumbre para el traslado.
“El Ministerio tiene facultades para construir plantas para establecer sistemas rurales; tenemos amplias facultades, sin embargo la rentabilidad social la tenemos para pequeñas plantas. (…) Las empresas de servicio sanitario también pueden desarrollar plantas, recuperando el costo de inversión en las tarifas de los usuarios”, detalló Concha. (Fuente: Senado)
