- Ivonne Donoso Olivares, Delegada Presidencial Regional de Tarapacá
En Tarapacá estamos enfrentando momentos complejos. La delincuencia, el narcotráfico y la violencia han golpeado el corazón de nuestra región, y con justa razón, la ciudadanía demanda respuestas firmes, efectivas y visibles. Como delegada presidencial, sé que el miedo y la incertidumbre no son simples percepciones: son realidades que deben ser enfrentadas con acciones concretas, coordinación institucional y, sobre todo, con responsabilidad.
Ese trabajo serio y sostenido por parte del Gobierno ha tenido expresiones concretas y visibles la creación del Ministerio de Seguridad Pública; una transformación estructural de nuestra institucionalidad, y el hecho de haber triplicado el presupuesto destinado a seguridad pública en el país, lo que ha permitido robustecer el despliegue operativo, el equipamiento y la respuesta frente a la delincuencia. ; no son anuncios, son acciones; no son titulares, son compromisos asumidos y en ejecución.
Es precisamente por eso que no podemos permitir que el debate público caiga en el terreno de la mentira y la irresponsabilidad. En días recientes, un consejero regional ha traspasado todos los límites de lo aceptable al utilizar un medio de comunicación para emitir graves imputaciones sin prueba alguna. Acusaciones como sugerir que las más altas autoridades de esta región; incluyéndome, estaríamos involucradas en narcotráfico, no solo son falsas e injuriosas: son peligrosas, porque cuando se normaliza la difamación, se debilita la democracia.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es, ni debe ser jamás usado como un permiso para todo; especialmente si lo que se hace con él; es dañar, calumniar o difamar. La crítica es bienvenida, pero debe hacerse con pruebas y respeto. De lo contrario, se cae en el populismo barato, que intenta capitalizar el miedo legítimo de la ciudadanía para obtener réditos personales, porque una cosa es disentir y otra muy distinta es calumniar. Decir lo que uno piensa no equivale a tener razón, y mucho menos cuando se hace desde la más absoluta irresponsabilidad.
El Estado, en los hechos ocurridos en tres lugares distintos, donde se produjeron actos delictuales graves, ha actuado conforme a Derecho.
En el caso puntual del sector céntrico de Iquique; posterior a la balacera, donde se produjeron manifestaciones en la vía pública, las detenciones que se generaron no fueron ordenadas por esta autoridad, sino ejecutadas por Carabineros de Chile en función de hechos objetivos y fueron los tribunales; no el Gobierno, quienes aplicaron las medidas cautelares correspondientes. Aquí nadie ha criminalizado la protesta, lo que hemos hecho es resguardar la seguridad de todos, sin excepción.
Por eso, cuando desde ciertos sectores se intenta confundir a la ciudadanía, instalando un relato distorsionado, es nuestro deber salir a enfrentar la mentira con la verdad. No se puede permitir que se ensucie la honra de funcionarios públicos, de carabineros, de fiscales, de mujeres y hombres que día a día enfrentan al crimen organizado con valentía y profesionalismo. Si existen antecedentes concretos, deben presentarse ante la justicia, pero si lo único que hay es un micrófono y teorías sin sustento, eso no es fiscalización: es daño.
Como Gobierno, no hacemos declaraciones ruidosas ni buscamos titulares, nuestro foco ha estado y estará en articular acciones concretas: operativos policiales, presupuestos para infraestructura, fortalecimiento de la dotación, inversión en tecnología y, sobre todo, diálogo interinstitucional. Porque eso es lo que significa trabajar con seriedad en un tema que es vital para nuestra región como lo es la seguridad.
Afrontar juntos, entre todas y todos, este desafío crítico para la región y para el país, es hoy una urgencia y una obligación. Porque solo el esfuerzo colectivo; desde las autoridades hasta cada vecino y vecina, nos permitirá avanzar de forma responsable, seria y con unidad hacia una región más segura, más justa y con más esperanza.
